Por Hugo Gómez González
El abogado José Carlos González ha encendido una alerta pública al señalar una aparente contradicción entre el Ministerio Público y el Ministerio de Interior y Policía respecto a la posible existencia del delito de tráfico de órganos en la República Dominicana.
González recordó el expediente de 2014, cuando la Procuraduría Fiscal de Puerto Plata sometió a varios ciudadanos de nacionalidad alemana por presuntos delitos que incluían tráfico de armas, tráfico de órganos y lavado de activos. Aunque esas imputaciones no prosperaron en juicio, la actuación inicial del Ministerio Público entendió que existían indicios suficientes para la acusación.
Durante esa investigación se incautó una ambulancia acondicionada que, según González, formó parte esencial de las pesquisas. Sin embargo, fallas procesales —descritas por el jurista como graves— derivaron en la aplicación de la teoría del “árbol envenenado”, que provocó la extinción del proceso sin que se profundizara en el fondo del caso.
“El desenlace fue insultante para la institucionalidad”, declaró, y señaló que apenas se hizo público alrededor del veinte por ciento del allanamiento realizado.
La postura actual de las autoridades, que aseguran que no existen condiciones para la comisión de ese delito en el país, genera perplejidad entre expertos y organizaciones de la sociedad civil. González cuestiona la disparidad de criterios: “Si en el expediente de los ciudadanos alemanes se consideraron condiciones suficientes, ¿por qué ahora se descarta la posibilidad?”.
El letrado instó a la Procuraduría General y al Ministerio de Interior y Policía a no desechar la hipótesis sin una investigación rigurosa, exhaustiva y transparente. Reclamó además colaboración internacional, protocolos claros de custodia de evidencias y garantías para posibles víctimas, así como mayor transparencia en las actuaciones de inmediato.
“En materia criminal nada debe descartarse sin una pesquisa rigurosa. Negar de antemano una posibilidad tan grave solo debilita la credibilidad institucional y la confianza ciudadana.”