En medio de recientes deportaciones y extradiciones, es clave entender las funciones consulares y su papel en la protección legal de ciudadanos.
Por Yoarem Moreno
A raíz de las recientes deportaciones desde Estados Unidos y extradiciones de personas que han cometido delitos, muchas veces se pasa por alto que cada proceso tiene antecedentes legales y diplomáticos. Aunque estos procedimientos se desarrollan dentro del debido proceso, surgen interrogantes frecuentes, especialmente en casos internacionales donde ciudadanos extranjeros intentan acogerse al respaldo de sus consulados, sin tener claridad sobre su verdadero rol.
Es esencial comprender que, en materia de relaciones exteriores en la República Dominicana, existe la Ley Orgánica No. 630-16, además de tratados y convenciones internacionales que definen claramente las funciones consulares.
Antes de dicha legislación nacional, la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, vigente desde 1967, establece en su artículo 5 que los consulados deben brindar protección a sus ciudadanos en el país receptor. Además, fija su compromiso de velar por los intereses nacionales y de sus connacionales, conforme a acuerdos internacionales y al respeto de las leyes locales del país donde operan.
Esta convención también dispone que los consulados deben expedir cédulas, pasaportes y documentos de viaje, así como otorgar visados relacionados con el ingreso al Estado acreditado. Su labor también incluye funciones notariales, asesoría migratoria, y respaldo legal a ciudadanos en condición migratoria irregular o en conflicto con la ley.
En casos de autodeportación, por ejemplo, se presentan ventajas para el ciudadano, quien puede evitar procesos más complejos y traumáticos, comparado con quienes son deportados directamente por las autoridades.
Cada situación es única y requiere un tratamiento particular. Por ello, es fundamental que los ciudadanos, sin importar el país donde se encuentren, recurran a su consulado correspondiente. Estas entidades son la primera línea de protección, asesoría y representación ante cualquier conflicto legal, migratorio o humanitario, y su intervención puede marcar una diferencia crucial en el destino del afectado.
