Dos años de prisión a hombre por devastación ambiental en Jarabacoa

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Tala de árboles en Jarabacoa.

La sentencia destaca endurecimiento judicial frente a delitos ambientales y subraya responsabilidad penal por ocupación ilegal y tala indiscriminada de pinos protegidos.

Diario Cibao

La Vega, República Dominicana.— En una decisión que marca un precedente en la persecución de delitos ecológicos, la Tercera Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de La Vega condenó a dos años de prisión a un hombre hallado culpable de infringir la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La sentencia, emitida a solicitud del Ministerio Público, refuerza la creciente presión institucional para frenar la degradación de zonas boscosas consideradas estratégicas para la región.

El condenado, identificado como Juan de Mata Rodríguez Rodríguez, conocido como “Tico”, fue procesado luego de que la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente (Proedemaren) demostrara que taló árboles de pino con el objetivo de abrir caminos de acceso dentro de terrenos ocupados de forma ilegal en el municipio de Jarabacoa.

Las autoridades calificaron la acción como una agresión directa a un ecosistema vital para la producción de agua y la conservación de la biodiversidad.

El tribunal ordenó que Rodríguez Rodríguez cumpla cuatro meses de prisión efectiva en la cárcel de La Vega, mientras que el resto de la pena será suspendida bajo la condición de que realice trabajos comunitarios supervisados por el Ministerio de Medio Ambiente. La medida busca, además, integrar un componente reeducativo y restaurativo en la sanción impuesta.

Como parte de la sentencia, el procesado deberá pagar una multa de 200 mil pesos a favor del Estado dominicano, así como una indemnización económica a los propietarios del terreno que había ocupado sin autorización.

Según las autoridades, estos castigos adicionales pretenden resarcir los daños ocasionados y disuadir futuras intervenciones ilícitas en zonas boscosas.

El caso se suma a un aumento de acciones judiciales contra infractores ambientales, una tendencia que, según expertos locales, refleja un cambio de paradigma en la protección del patrimonio natural dominicano.

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