La comunidad de la Escuela Manuel Ubaldo Gómez pide la intervención urgente del Ministerio Público y el Defensor del Pueblo para esclarecer el traslado de menores.
Por Fabio Hernandez
Jarabacoa, República Dominicana.– La tensión crece en el municipio de Jarabacoa a raíz de la reciente intervención en la Escuela Manuel Ubaldo Gómez, donde un grupo de padres y madres realizó una enérgica protesta exigiendo respuestas concretas sobre el destino de sus hijas.
El foco del conflicto radica en el traslado de cuatro menores de edad a un centro bajo la custodia del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI).
Según los familiares, esta medida se ejecutó sin previo aviso ni justificación oficial, lo que ha generado una ola de indignación y preocupación. Los padres denunciaron que, desde el momento del traslado, las autoridades de protección infantil y el Ministerio de Educación (MINERD) no han emitido ninguna comunicación formal que detalle las causas específicas que motivaron la retención de las niñas ni cuál es su estado actual en las instalaciones de CONANI.
La falta de transparencia ha provocado que la manifestación se centre en demandar el esclarecimiento público de los hechos y la inmediata restitución de las menores a sus hogares.
Ultimátum a las Autoridades
En el marco de la protesta frente al plantel educativo, los familiares emitieron un ultimátum a las entidades responsables. Advirtieron que, de no obtener una respuesta satisfactoria en un plazo perentorio, no solo mantendrán las acciones de protesta, sino que también escalarán sus exigencias:
- Petición de Cierre Temporal: Demandarán el cierre provisional de la Escuela Manuel Ubaldo Gómez hasta que la situación se normalice y se garantice la seguridad de todos los estudiantes.
- Intervención de Entes Superiores: Los padres han solicitado formalmente la intervención del Ministerio Público y el Defensor del Pueblo para que investiguen la actuación de CONANI y las autoridades escolares, asegurando que se respeten los derechos y el bienestar de las niñas involucradas.
El caso subraya una grave falla en los protocolos de comunicación y manejo de crisis entre las instituciones de protección a la niñez y las familias, dejando a la comunidad escolar en una profunda incertidumbre.
