Una resolución emitida en Santiago de los Caballeros ha provocado nuevas tensiones en torno al caso de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, quien murió durante una excursión escolar organizada por el Instituto Integral Leonardo Da Vinci. La jueza de Atención Permanente, Yerixa Cabral, impuso este miércoles una garantía económica de 500,000 pesos y presentación periódica a tres de las cuatro empleadas imputadas. Las medidas aplican a Yris del Carmen Reyes Adames, Francisca Josefina Tavárez Vélez y Vilma Altagracia Vargas Morel, quienes deberán completar el proceso mediante una compañía aseguradora.
En cambio, la coordinadora general del centro, Gisela González, fue favorecida con libertad pura y simple después de que el tribunal concluyera que no existían pruebas que la relacionaran directamente con el hecho. Su abogada, María del Pilar Zuleta, aseguró que el fallo confirma que González no se encontraba en el lugar del incidente y que no había fundamento para imponerle una medida coercitiva.
Los representantes legales de las demás imputadas sostienen que la decisión es justa y que sus clientas cumplirán con cada requisito impuesto. “Desean transparencia total y aportar al esclarecimiento de los hechos”, declaró el abogado Lorenzo Fermín, quien además señaló el duro impacto emocional que ha tenido el proceso en las docentes.
No obstante, el Ministerio Público expresó su inconformidad con las medidas dictadas. La procuradora de corte Olga Dina Llaverías anunció que la institución apelará, alegando que la decisión no se corresponde con la gravedad del caso.
El fallecimiento de Stephora Joseph continúa generando indignación y exigencias de justicia en la comunidad. A medida que el proceso avanza, crece la expectativa sobre las conclusiones que puedan derivarse de las investigaciones y de la apelación anunciada.