Santiago de los Caballeros, República Dominicana.– La Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (APROCOVICI) solicitó formalmente al Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED) reconsiderar la reciente implementación de nuevas tarifas impuestas por la Dirección de Tramitación, Tasación y Licencias. Estas afectan directamente los trámites realizados a través de la Ventanilla Única de Construcción (VUC) y los servicios de inspección.
Según APROCOVICI, los nuevos cobros representan un aumento significativo en los costos operativos para los desarrolladores inmobiliarios. Entre las medidas aplicadas, se encuentran tasas mínimas de hasta RD$6,000, montos que oscilan entre RD$55,000 y RD$80,000 por concepto de inspecciones, y un nuevo cargo equivalente al 0.1% del valor tasado de cada proyecto. La asociación denuncia que estas tarifas no fueron consensuadas previamente con el sector y las considera desproporcionadas.
“Estos aumentos excesivos carecen de una base legal clara, y nos veríamos obligados a trasladar dichos costos a los compradores, encareciendo la vivienda y elevando las barreras de acceso, especialmente para los segmentos de clase media y bajo costo”, expresó Sandy Joel Rodríguez, presidente de APROCOVICI.
La organización advierte que la medida llega en un momento delicado para el sector de la construcción, el cual atraviesa una reducción en las ventas, mayores costos financieros y una ralentización en el inicio de nuevos proyectos. En este contexto, incrementar las cargas operativas agravaría aún más la situación, comprometiendo miles de empleos y poniendo en peligro las metas nacionales en materia de vivienda.
Asimismo, APROCOVICI alertó que la disposición podría tener un efecto paralizante sobre el desarrollo de nuevos proyectos habitacionales, al desalentar la inversión y dificultar el cumplimiento de los objetivos de acceso a viviendas dignas y asequibles.
La entidad reiteró su respaldo a una institucionalidad sólida y a una regulación transparente, pero enfatizó que toda tarifa debe ser razonable, proporcional y sustentada en la ley. También insistió en la necesidad de que estas decisiones se tomen en consulta con el sector privado, a través de un diálogo abierto y participativo.
“Imponer medidas unilaterales sin considerar la realidad del sector vivienda genera incertidumbre, vulnerabilidad jurídica y mina la confianza necesaria para nuevas inversiones”, subrayó Rodríguez.
En ese sentido, APROCOVICI propuso la conformación de una mesa técnica de trabajo con los principales actores del desarrollo habitacional, con el fin de revisar las tarifas vigentes y encontrar soluciones que garanticen tanto la sostenibilidad del sector como el acceso a viviendas dignas para las familias dominicanas.
