Comunicador Angel Martínez busca armisticio tras acusaciones de extorsión

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Angel Martinez. Fuente externa.

Ángel Martínez, confrontado por cargos de chantaje, ha manifestado públicamente su deseo de una resolución pacífica con el empresario Arnulfo Gutiérrez Almonte.

SANTIAGO, República Dominicana — Ángel Martínez, un conocido comunicador nativo de Santiago, demandado por presunto chantaje y extorsión por el prominente empresario Arnulfo Gutiérrez Almonte, ha expresado públicamente su interés en alcanzar una reconciliación.

Este caso, que ha generado considerable atención en la región, pone de manifiesto la delicada balanza entre la libertad de expresión y la protección de la reputación personal y empresarial.

Martínez, quien a menudo se presenta como un firme defensor de la libertad de expresión y la transparencia pública, emitió un llamado a la paz este viernes desde la fiscalía de Santiago. Allí compareció para cumplir con una medida de coerción que exige su presentación mensual ante las autoridades.

En un gesto que buscaba calmar las aguas, extendió una "bandera blanca de paz" a Gutiérrez Almonte, afirmando haber solicitado disculpas en múltiples ocasiones y retractado expresiones pasadas que pudieron haber contribuido al conflicto. "Mi deseo es estar en paz", reiteró el comunicador, sugiriendo una búsqueda de distensión en medio de la contienda legal.

El proceso judicial contra Martínez se inició tras las contundentes denuncias de Gutiérrez Almonte, quien lo acusa de difamación y extorsión. Según el expediente presentado por el Ministerio Público, Martínez enfrenta cargos por presuntamente solicitar una suma de dinero a Gutiérrez a cambio de retirar un video difamatorio que había sido publicado en su canal de YouTube.

Este audiovisual, titulado "Arnulfo Gutiérrez Almonte y sus hijos, investigación activa desde EE. UU. Santiago, mafia política", fue difundido en abril de 2024. En él, Martínez supuestamente emitió acusaciones calumniosas y sin pruebas contra el empresario y su familia, insinuando de manera explícita su implicación en actos criminales y corrupción, lo que desencadenó la acción legal por parte del empresario afectado.

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