Santo Domingo. – A raíz de la promulgación de la Ley 98-25, que modifica la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC) reiteró su rechazo a la normativa, al considerar que resulta desproporcionada e inequitativa para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), y que vulnera principios fundamentales establecidos en la Constitución.
Durante una asamblea general en la que participaron distintos gremios del comercio, el presidente de la federación, Iván García, advirtió que el artículo 36 de la ley impone cargas “escandalosas” al sector comercial, lo que —según afirmó— castiga de manera directa a las mipymes. En ese contexto, anunció que no descartan un paro general del comercio si la legislación no es modificada.
“Vamos a proceder a un paro general del comercio a partir del mes de marzo, por 48 horas, a nivel nacional”, advirtió García.
De acuerdo con estimaciones presentadas por la FDC, la nueva ley eleva significativamente los montos que deben pagar las empresas: las microempresas pasarían de RD$5,000 a RD$20,000; las pequeñas, de RD$90,000 a RD$260,000; y las medianas, de RD$260,000 a RD$675,000.
García sostuvo que estos incrementos generarían recaudaciones cercanas a los RD$22,000 millones para el año 2026, de los cuales —afirmó— el 88 % sería aportado por las mipymes. “Esto implica que las micro, pequeñas y medianas empresas estaríamos asumiendo más de RD$15,000 millones”, señaló.
La Ley 98-25, aprobada el 15 de diciembre de 2025, ha generado preocupación y descontento en el sector comercial, que advierte que su aplicación dejaría en situación de vulnerabilidad a las mipymes, afectando su competitividad y su capacidad de sostener empleos.
Ante este escenario, la FDC otorgó un plazo al Congreso Nacional hasta el 28 de febrero del presente año para que modifique los montos establecidos y restituya los previstos en la Ley 225-20. De no producirse cambios, el gremio convocará a un cierre comercial general por 48 horas, con el argumento de defender sus derechos constitucionales.
“No se puede castigar al sector que más empleo genera en la República Dominicana para beneficiar a cuatro empresas. La ley debe aplicarse de manera equitativa a todos los ciudadanos, no de forma desproporcionada, como ocurre con la Ley 98-25”, sentenció García.
Competencia desleal y fiscalización
En otro orden, la FDC expresó que espera que, con la llegada de Pedro Urrutia Sangiovanni a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), se inicien procesos de fiscalización a todas las tiendas propiedad de comerciantes chinos en el país.
“Aquí la ley tiene que aplicarse a todo el mundo. Estamos de acuerdo con la inversión extranjera, pero con aquella que cumpla las leyes de la República Dominicana”, afirmó García, al reiterar el respaldo del gremio al comercio organizado.