Abogados acusan al Ministerio Público de excluir autoridades con responsabilidad directa y piden someter a directivos del colegio y dueños de hacienda.
El caso por la muerte de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph continúa profundizando tensiones entre la familia y las autoridades judiciales de Santiago. La solicitud de medida de coerción introducida por los abogados de los parientes fue enviada al juez coordinador del Juzgado de la Instrucción, encargado ahora de fijar fecha y hora para una audiencia que podría ampliar el listado de imputados.
Los abogados Miguel Díaz y Shesnel Calcaño sostienen que la acusación del Ministerio Público es incompleta y beneficia a figuras de mayor jerarquía dentro del Instituto Integral Leonardo Da Vinci. Afirman que los verdaderos responsables —los altos directivos del centro educativo y los propietarios de la hacienda Los Caballos, donde ocurrieron los hechos— continúan fuera del expediente sin explicación convincente.
“Hasta ahora solo aparecen mandos medios, y eso refleja una protección evidente hacia quienes toman decisiones en el colegio”, expresó Calcaño, cuestionando la actuación del órgano acusador. Añadió que las mujeres presentadas ante el tribunal “no forman parte de la estructura que define las políticas internas ni los protocolos de seguridad”.
Díaz reforzó la postura, asegurando que hay personas “claramente omitidas” pese a tener responsabilidad directa en la muerte de la menor. “Es imprescindible que comparezcan y aclaren su papel. La justicia no puede limitarse a señalar a quienes no decidían nada”, afirmó.
La jueza de Atención Permanente, Yerixa Cabral, impuso una garantía económica de 500.000 pesos y presentación periódica para tres empleadas del centro educativo: Yris del Carmen Reyes Adames, Francisca Josefina Tavárez Vélez y Vilma Altagracia Vargas Morel. El Ministerio Público, representado por Olga Diná Llaverías, anunció que recurrirá la decisión. En contraste, la magistrada dictó libertad pura y simple para la coordinadora general, Gisela González, al considerar insuficientes las pruebas presentadas.