Monseñor Nouel.-Los empleados de Falconbridge Dominicana, S.A. (Falcondo) demandaron este jueves el pago de sus prestaciones y el cumplimiento de las leyes laborales.
Denunciaron que atraviesan una situación límite que ya no solo constituye un conflicto laboral, sino una crisis humana que amenaza la estabilidad de decenas de familias en Bonao, por lo que exigen la intervención de las autoridades del gobierno.
El grupo de trabajadores fue desahuciado el pasado dos de marzo y, tras haber transcurrido el plazo de 10 días que establecen las leyes laborales, la empresa aún no ha efectuado el pago de sus prestaciones laborales y derechos adquiridos.
Los trabajadores aseguran que, desde octubre de 2024, permanecen atrapados en un “limbo laboral” que los ha dejado sin certezas, sin protección efectiva y con sus derechos vulnerados, mientras sus reiterados llamados a las autoridades no han recibido respuesta concreta.
Esta situación ha generado un impacto directo en su calidad de vida, marcada hoy por la incertidumbre económica, la ansiedad y la imposibilidad de sostener con normalidad a sus hogares.
Denuncian que han sido excluidos de procesos de liquidación y pago de prestaciones que sí beneficiaron a otros empleados anteriormente, lo que consideran una violación al principio de igualdad.
“Como es de conocimiento público, bajo el marco de la instrucción del presidente Luis Abinader y a través del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER) en la persona de su presidente José Florentico, más de 900 trabajadores fueron desvinculados en 2024 y recibieron sus prestaciones mediante la venta de activos de la empresa”, apunta.
Sin embargo, el grupo restante que también debió ser desvinculado con los fondos disponibles, no ha recibido el pago de sus prestaciones y derechos, quedando en una situación de abandono institucional y sin repuesta de FALCONDO, el FONPER y las autoridades del gobierno. El monto de las mismas asciende a 300 millones de pesos.
En ese contexto, hicieron un llamado para que se respete el fuero sindical y la libertad sindical de los dirigentes del sindicato de trabajadores de la Falconbridge (Sutrafado), cuyos derechos fundamentales están amparados por la legislación laboral y los convenios internacionales.
Pese a haber agotado las vías formales, incluyendo comunicaciones dirigidas a las autoridades nacionales y locales, los trabajadores afirman que la falta de respuesta ha profundizado la crisis social que hoy vive Bonao
. “Esto no se trata solo de empleos, se trata de dignidad, de familias que hoy no saben cómo van a salir adelante”, expresaron.
Los trabajadores hicieron un llamado al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Energía y Minas, al Ministerio de la Presidencia, a la gobernadora de Monseñor Nouel, Adela Tejada, al alcalde de Bonao, Eberto Núñez, al senador Héctor Acosta, a los diputados Nolberto Ortiz, José Antonio Fabián y Orlando Martínez, para que actúen sin más dilaciones y acudan en auxilio de las familias afectadas.
Piden a los legisladores y funcionarios que los apoyen para garantizar que la empresa minera FALCONDO cumpla con el pago íntegro de todos los derechos laborales, tanto de los trabajadores como de los dirigentes sindicales, así como el respeto pleno al fuero y la libertad sindical.
“Cada día de silencio institucional agrava una situación que ya es insostenible. Bonao y su gente necesitan respuestas ahora”, concluyeron.