Redacción Diario Cibao
El atentado a tiros contra Yolanda Espinal, vicealcaldesa de San José de las Matas, en Santiago, República Dominicana, habría sido motivado por sus constantes denuncias contra operaciones ilegales de máquinas tragamonedas en la zona.
El Ministerio Público ha presentado una acusación formal contra el regidor Brayan Enmanuel Collado García, propietario de los equipos de juego y presunto autor intelectual del ataque.
El hecho ocurrió la noche del 21 de enero, cuando desconocidos dispararon contra la residencia de Espinal mientras ella y su familia dormían. Afortunadamente, no hubo heridos, aunque se reportaron daños materiales en la propiedad y un vehículo estacionado en la marquesina.
Detenidos dos hombres por el tiroteo contra vicealcaldesa de San José de las Matas
Ministerio Público solicita prisión preventiva por ataque contra Espinal
El Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva como medida de coerción contra Collado García, acusado de tentativa de homicidio agravada. Además, se han pedido medidas similares para otros dos implicados: Waskar Flores y Gabriel Rodríguez, alias «el Chino», quienes habrían ejecutado el ataque por encargo del regidor.
Collado García, miembro del Partido Revolucionario Moderno (PRM), ha defendido su inocencia, alegando que la acusación es parte de una persecución política debido a sus aspiraciones a la alcaldía de San José de las Matas. Sin embargo, las autoridades sostienen que existen pruebas suficientes para vincularlo con el atentado.
Contexto de las denuncias previas
Yolanda Espinal había denunciado en múltiples ocasiones las operaciones ilegales de máquinas tragamonedas en la demarcación, lo que habría generado tensiones con Collado García, propietario de estos equipos. Estas denuncias habrían sido el detonante del ataque, según las investigaciones.
El caso ha generado conmoción en la comunidad, destacando la importancia de garantizar la seguridad de los funcionarios públicos que luchan contra actividades ilícitas. Las autoridades esperan que el proceso judicial avance con transparencia y que se imparta justicia para todos los involucrados.
Este incidente no solo pone en evidencia los riesgos que enfrentan quienes combaten la corrupción, sino que también plantea preguntas sobre el impacto de las mafias ilegales en la política local. ¿Hasta qué punto están protegidos los denunciantes? La respuesta a esta pregunta podría definir el futuro de la lucha contra la impunidad en la región.