TAVERA, La Vega — Varias familias de esta zona solicitaron este lunes a las autoridades municipales suspender la construcción de una vía en terrenos privados próximos a la presa de Tavera, por la ausencia de estudio de impacto ambiental y del consentimiento de los propietarios.
Los denunciantes sostienen que la iniciativa vulnera el derecho a la propiedad privada y carece de una justificación comunitaria, puesto que en la misma área existen caminos vecinales alternativos que satisfacen las necesidades de tránsito. También afirman que no se han agotado los procedimientos legales necesarios para garantizar una compensación justa a quienes resultarían afectados.
Entre los propietarios que se verían afectados figura la familia Batista Núñez, cuya parcela se encuentra en proceso de saneamiento ante el Tribunal de Jurisdicción Originaria de Tierras de La Vega. Según la familia, el trazado pretendido partiría su finca en dos y no responde a una necesidad colectiva.
“Esto no es una obra para la comunidad; es un atajo para favorecer a determinados dirigentes políticos y allegados”, señaló la familia en un comunicado. En la denuncia se mencionan, entre otros, a Claudio Genao —secretario general del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en Tavera—; a Domingo Antonio Genao, militante del partido; al prestamista Víctor Manuel Genao; y al ganadero Cristino Castillo, a quienes los propietarios acusan de intervenir en el proceso de titulación que sigue la familia ante el Tribunal de Tierra.
Los propietarios relatan que, el 14 de octubre de 2025, una persona vinculada a esos intervinientes ingresó sin permiso a la propiedad para trazar un camino irregular. Los propietarios interpretan esa acción como un intento de fabricar pruebas que legitimen la existencia de una vía comunitaria inexistente.
La controversia adquirió además una dimensión institucional. El director distrital de Tavera, Marino Abreu, se comprometió a mantener una postura neutral hasta que el tribunal concluya el proceso de saneamiento. Mientras tanto, se han entregado notificaciones formales a la Junta Distrital para que se abstenga de ejecutar la obra o realizar labores de limpieza en la zona en conflicto hasta que exista un fallo judicial definitivo.
A la preocupación por la vulneración de la propiedad privada se suma el temor a un posible riesgo ambiental: la intervención afectaría áreas con vegetación próximas a la presa. Las familias Aquino-Corona, también vecinas de la zona, advierten que la ampliación o rectificación de caminos podría implicar el despojo parcial de sus parcelas sin la debida compensación.
Para la familia Batista Núñez la audiencia fijada en el Tribunal de Tierra para el 20 de febrero de 2026 será decisiva en la defensa del debido proceso y del Estado de derecho. Mientras tanto, piden a las autoridades actuar con integridad y respeten las garantías judiciales.