El informe de la Sisalril a la Fiscalía revela sospechas de corrupción en el principal sistema sanitario del país.
Santo Domingo, República Dominicana. El Gobierno dominicano ha puesto en marcha una investigación por supuestas irregularidades graves en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), la mayor aseguradora pública del país. Por orden directa del presidente Luis Abinader, se ha remitido a la Procuraduría General de la República un informe que detalla las anomalías detectadas.
El vocero de la presidencia, Félix Reyna, confirmó que el superintendente de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), Miguel Ceara Hatton, y el director de SeNaSa, Edward Guzmán, fueron los encargados de entregar el documento a la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso. Según Reyna, esta acción subraya el compromiso de la administración con la transparencia y la lucha contra la impunidad.
“Desde el Gobierno reiteramos nuestro respaldo absoluto al presidente Abinader y a su política de cero tolerancia con la corrupción, como un eje central de su gestión desde el primer día”, explicó el portavoz, quien ha insistido en que no habrá "excepciones ni privilegios" en las pesquisas.
La noticia ha generado inquietud entre los afiliados, pero el Gobierno ha lanzado un mensaje de calma, asegurando que esta acción no afectará la continuidad ni la calidad de los servicios de salud que presta SeNaSa. Los servicios, según Reyna, seguirán operando de forma "oportuna, humana y eficiente".
El Gobierno ha optado por un perfil bajo mientras se desarrolla el proceso legal, delegando la responsabilidad de informar sobre los avances de la investigación al Ministerio Público. Reyna enfatizó que la administración se mantendrá al margen para proteger el debido proceso, con la única intención de garantizar la ética en la gestión pública y proteger los recursos del Estado.
La medida se inscribe en la agenda política de Abinader, quien ha hecho de la lucha contra la corrupción una de sus principales banderas. Este paso se percibe como una confirmación de su promesa de sanear las instituciones públicas y de no dudar en actuar contra funcionarios, sin importar su rango, si se demuestra que han cometido actos ilícitos. La población se mantiene atenta a los resultados de la investigación, que podría desvelar una de las tramas más significativas de la actual administración.
