Por Amadeo Peralta
El Senado de la República Dominicana está estudiando un proyecto de ley, presentado el 13 de agosto de 2024 por el senador Alexis Victoria Yeb, que busca combatir las invasiones y fraudes en propiedades públicas y privadas. La propuesta contempla penas de prisión de 4 a 10 años y multas de 250 a 500 salarios mínimos para los responsables de estos delitos, incluyendo sus cómplices.
Según el abogado César Amadeo Peralta, esta iniciativa surge ante el auge de grupos y carteles dedicados al robo de tierras y la falsificación de documentos para transferir propiedades de forma fraudulenta. Estas prácticas, frecuentes en zonas turísticas y urbanas del país, han debilitado la seguridad jurídica, ahuyentado inversiones extranjeras y fomentado un clima de impunidad.
El proyecto subraya que los poderes públicos tienen la responsabilidad de garantizar la tutela de las propiedades, implementando medidas concretas para erradicar estas actividades delictivas. Amadeo Peralta propone que la ley sea ampliada y consensuada con expertos legales para enfrentar las nuevas modalidades de crimen organizado que afectan la jurisdicción inmobiliaria. Entre las propuestas adicionales figuran nuevas herramientas de investigación, sanciones más severas, decomisos y cooperación internacional.
Puntos destacados del proyecto:
- Artículo 5: Penaliza con 1 a 2 años de prisión y multas de 10 a 20 salarios mínimos la invasión no autorizada de propiedades. Los cómplices enfrentarían penas de 1 a 3 meses y multas de 3 a 5 salarios mínimos.
- Artículo 14: Establece agravantes con sanciones de 4 a 10 años de prisión y multas de 250 a 500 salarios mínimos, aplicables en casos que involucren violencia, uso de armas, amenazas, daños materiales o si las víctimas son personas vulnerables.
Amadeo Peralta también señala que la normativa debería incluir disposiciones contra empleados corruptos que, valiéndose de sus funciones, participan en el despojo de propiedades. Llamó a los legisladores a consultar con abogados en ejercicio antes de aprobar la ley, advirtiendo que aunque el proyecto es positivo, se queda corto frente a las complejidades del crimen organizado en esta área.
Esta ley busca no solo sancionar las invasiones, sino también salvaguardar la seguridad jurídica, un paso necesario para proteger la inversión y los derechos de los propietarios en el país.
