Por Felipe Lora Longo
El director ejecutivo del Gabinete del Agua, Gilberto Reynoso, anunció recientemente que el próximo lunes 14 de agosto de 2023 se llevaría a cabo la firma del "Pacto Dominicano por el Agua". De inmediato numerosas organizaciones ambientalistas, sociales y gremiales pusieron en marcha sus recursos limitados para informar tanto al gobierno como al público en general que, dadas las condiciones actuales, y considerando el proceder contradictorio del gobierno en relación al manejo del agua, la falta de un consenso real entre las instituciones participantes y la ambigüedad persistente en el lenguaje del documento, decidirían no suscribir el pacto.
Con esta acción, la representación civil en la Mesa del Agua ha dado un paso significativo en la defensa de los valores y derechos del pueblo dominicano. Este movimiento de desobediencia civil, liderado por destacadas organizaciones como la Red Socioambiental Nacional, el Sector Social del Consejo Económico y Social (CES) y el Sindicato de Trabajadores del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (SITRACORAASAN), transmite un mensaje claro: los principios democráticos, la transparencia y la salvaguardia de un recurso vital priman por encima de una firma apresurada.
Las razones detrás de esta negativa son sólidas y fundamentales. Según las múltiples organizaciones que conforman la Red Socioambiental Nacional, el gobierno ha subestimado la importancia de la Mesa del Agua y ha suscrito un acuerdo ilegal e inconstitucional con la empresa israelí Mekorot para la "elaboración de un Plan Maestro de Gestión del Agua", sin tener en cuenta los acuerdos alcanzados en la Mesa y sin llevar a cabo la debida consulta pública.
Del mismo modo, han señalado la falta de transparencia en la inversión necesaria para respaldar el Pacto por el Agua. Se presentaron datos aislados de los correspondientes estudios técnicos, lo que generó incertidumbre y erosionó la confianza en la autenticidad del compromiso gubernamental. Además, han argumentado que las cifras presentadas carecen del respaldo suficiente de estudios técnicos y económicos sólidos, lo que plantea cuestionamientos legítimos sobre la viabilidad del plan.
Para agravar la situación, la mayoría de las organizaciones civiles en el Consejo Económico y Social (CES) sostienen que la "Mesa Temática de Agua aún debe completar la discusión de algunos temas pendientes" y que el "Plenario del Diálogo por las Reformas", la entidad encargada de tomar la decisión final sobre todos los temas, aún no ha analizado el documento que se pretende firmar.
Además, preocupa la evidente inclinación del gobierno hacia la privatización del agua, lo cual ha inquietado a la sociedad civil. Las leyes previamente aprobadas y las acciones ambiguas han suscitado señales de alarma sobre la protección y el acceso equitativo a este recurso fundamental. En una nación donde el agua es esencial para la vida y el bienestar de todos los ciudadanos, esta inquietud es plenamente justificada.
Este rechazo colectivo de la sociedad civil envía un mensaje claro y contundente a las autoridades gubernamentales: la firma del Pacto por el Agua no puede ser tomada a la ligera, y sirve como recordatorio de que la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas son pilares esenciales en la formulación de políticas y decisiones que afectan a la población.
La negativa a firmar el Pacto por el Agua no representa simplemente un rechazo al contenido de un documento; es un rechazo a la falta de transparencia, a la posible privatización de un recurso vital y a la ausencia de un debate genuino en un asunto que impacta a cada dominicano. Constituye un mensaje directo a las autoridades de que los ciudadanos exigen y merecen un proceso justo y participativo en la toma de decisiones sobre cuestiones que afectan sus vidas cotidianas.
En este momento crítico, la sociedad civil ha demostrado su disposición a alzar la voz y defender lo que considera justo y necesario. La acción de organizaciones como el CES, la Red Socioambiental Nacional y SITRACORAASAN refuerza aún más la determinación de proteger los intereses de todos los ciudadanos. Estas organizaciones merecen nuestra admiración, respeto y apoyo.
Por un dominio público del agua, gestionado y cuidado por los dominicanos y para los dominicanos.
