Por Alfredo Cruz Polanco
Las elecciones municipales de 2028 están programadas para el domingo 20 de febrero, tres meses antes de los comicios presidenciales y congresuales del 21 de mayo. Aunque no existen pruebas concluyentes, predomina la percepción de que los resultados municipales generan una inercia psicológica a favor de la organización victoriosa. Por ello, la oposición está obligada a desplegar una ofensiva estratégica si aspira a arrebatar las principales alcaldías y distritos municipales al oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM).
La elevada abstención observada en las presidenciales de 2024 estuvo condicionada por la victoria previa del PRM en la mayoría de los gobiernos locales. La Fuerza del Pueblo (FP) constituyó la excepción: pese a obtener pocas plazas municipales, alcanzó cerca de un 30 % de los votos en la contienda presidencial. Este fenómeno evidencia que las municipales atraen a menos votantes —tendencia habitual en la región—, lo que exige diseñar con suficiente antelación una estrategia política capaz de movilizar al electorado.
Frente a un oficialismo que emplea todos los recursos institucionales a su alcance, la inequidad en la distribución de fondos resulta evidente. Más allá de las partidas de la Ley 176-07 sobre el Distrito Nacional y los Municipios y de la aportación de 20 pesos por habitante estipulada en la Ley 98-25 de Residuos Sólidos, el gobierno central beneficia a los cabildos oficialistas con presupuestos adicionales, maquinaria y equipos de recolección, en evidente desventaja para las alcaldías opositoras.
A esto se suma la práctica recurrente de abultar nóminas temporales en los meses previos a los comicios para favorecer el clientelismo electoral en un contexto de dificultad económica, además de las denuncias sobre sobrevaluación de obras para financiar el proselitismo.
Tanto la Fuerza del Pueblo como el resto del bloque opositor deben estructurar una campaña territorial enfocada en fiscalizar las deficiencias locales: el colapso del transporte, la acumulación de desechos, el deterioro de infraestructuras viales, la falta de iluminación y la inseguridad ciudadana. Para ello, es indispensable postular a candidatos idóneos, con capacidad técnica comprobada, solvencia moral y verdadero dominio de la gestión municipal.
Subestimar al partido de gobierno sería un error decisivo. Si se pretende estructurar una alianza opositora real, esta debe construirse a tiempo, basarse en encuestas rigurosas y priorizar el interés nacional sobre los cálculos partidarios. Las alianzas improvisadas no inspiran confianza en la militancia ni en la juventud, que representa el mayor segmento del padrón electoral.
El precedente de mayo de 2002 demuestra que la victoria municipal o congresual no garantiza el triunfo presidencial: el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) obtuvo 29 senadurías en aquellos comicios y, apenas dos años después, perdió la presidencia en 2004. En política, ningún voto está cautivo, y menos aún en períodos de incertidumbre socioeconómica.
