Periodistas y analistas en España cuestionan las facilidades legales que permiten a empresarios, incluso sospechosos, invertir y adquirir residencia en República Dominicana, señalándola como un posible paraíso fiscal.
Por Carlos Ricardo Fondeur Moronta
Santiago de los Caballeros, República Dominicana. En los círculos políticos y económicos de España crece la preocupación por la facilidad con que ciudadanos españoles adquieren residencia y ciudadanía dominicanas, así como por el registro expedito de sus negocios en el país caribeño.
Desde la instauración del primer gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), la República Dominicana ha visto cómo empresarios internacionales con antecedentes cuestionables se establecen con sorprendente facilidad. Un caso emblemático fue el del español Arturo del Tiempo, quien, sin demostrar fortuna ni prestigio, se posicionó como empresario destacado y logró incluso un rol en la seguridad nacional.
Periodistas y analistas españoles alertan sobre el impacto de estas prácticas, apuntando especialmente a empresarios vinculados al narcotráfico, evasión fiscal y operaciones financieras opacas. Estas actividades suelen disfrazarse de inversiones en turismo, un sector clave de la economía dominicana en constante expansión.
En medios españoles se debate la indulgencia del sistema impositivo dominicano, que otorga ventajas como ventanillas únicas para registros empresariales, trámites aduanales ágiles y beneficios en proyectos inmobiliarios y financieros. Según la Ley 479-08, modificada por la Ley 31-11, los inversionistas pueden registrar sus empresas con procesos simplificados, como las Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL). Esta modalidad permite registros rápidos con mínimos requisitos de capital y administración, algo que contrasta con los obstáculos enfrentados por empresarios locales.
Entre los datos destacados, la Cámara Oficial de Comercio de España en República Dominicana reportó que en 2023 las inversiones españolas en el país alcanzaron los 362 millones de dólares, reflejando un incremento en el comercio bilateral. Sin embargo, se señala que algunas de estas inversiones podrían estar vinculadas a operaciones ilícitas, similares a las reveladas en los Panamá Papers, que exponen redes de lavado de dinero y evasión fiscal.
A pesar de las críticas, organismos internacionales califican a la República Dominicana como un destino atractivo para las inversiones. No obstante, esta relación económica es vista por algunos como tóxica, al fomentar prácticas contrarias a las leyes internacionales, debilitando el euro y generando tensiones en el comercio global.
República Dominicana sigue bajo el escrutinio internacional, destacándose como un posible paraíso fiscal. Aunque no se compara con Panamá, las manchas del sistema económico regional amenazan con empañar su crecimiento y reputación.