La propuesta de reforma fiscal de Luis Abinader, rechazada por la ciudadanía, revela desconexión entre el gobierno y la población. El retiro del proyecto refleja una demanda urgente de justicia social.
Por Pedro de la Cruz
El “tablazo fiscal”. La reciente propuesta del proyecto de Ley de Modernización Fiscal, presentada ante la Cámara de Diputados por el presidente Luis Abinader, ha generado un amplio debate que evidencia profundas desconexiones entre quienes toman las decisiones y la realidad cotidiana de la población dominicana. La falta de empatía y comprensión hacia las clases más vulnerables se refleja en la manera en que se plantea esta reforma, que parece más un ejercicio académico que una solución efectiva a los problemas que enfrenta la ciudadanía.
Las reuniones a puerta cerrada entre el presidente Abinader y ciertos sectores han despertado suspicacias sobre los verdaderos intereses detrás de esta iniciativa, especialmente frente a la creciente insatisfacción popular. La percepción de que los impuestos no se traducen en beneficios tangibles para la sociedad es un sentimiento común en las comunidades, donde la falta de servicios y oportunidades es más que evidente.
El rechazo a este “tablazo fiscal” no solo refleja el descontento con las medidas propuestas, sino también un clamor por justicia social y una revisión del papel del Estado en la vida de sus ciudadanos. La lucha por una vida digna y el acceso a servicios básicos de calidad debe ser prioritaria, y es crucial que el gobierno escuche y responda a las necesidades reales del pueblo.
La reciente movilización social —que llevó al presidente a retirar el proyecto el pasado sábado— es un claro indicativo de que el pueblo ya no aceptará soluciones temporales; exige cambios estructurales que realmente mejoren su calidad de vida. El futuro está en nuestras manos, y es momento de que quienes gobiernan actúen con responsabilidad y compromiso hacia el bienestar de todos.
