Inversionistas de diferentes puntos de la RD han sido estafados/as con más de 350 millones de pesos, según estimaciones basadas en denuncias de las propias víctimas.
Por César Amadeo Peralta
Desde el 10 de diciembre de 2017, la República Dominicana cuenta con un marco regulatorio para todas las operaciones financieras a través de los puestos de Bolsa de Valores. Esto incluye la compra y venta de Bitcoin, Criptomonedas, Cripto-activos, Nasdaq, Tesla, Apple Inc., y regula los múltiples mercados y la captación de recursos del público para invertirlos en los diferentes puestos de bolsa de valores relacionados con el Mercado de Valores y las inversiones en las Bolsas de Valores nacionales e internacionales.
Sin embargo, estos mercados han sido la vía para que muchas personas sin la debida orientación financiera pierdan sus capitales al invertir en manos de pseudo-entidades no reguladas. Estas entidades suelen ofrecer intereses elevados sin respaldo alguno, lo que ha resultado en numerosos casos de estafas financieras que actualmente están siendo investigados por el Ministerio Público. Se requiere la intervención de todas las entidades no reguladas para evitar la pérdida de patrimonio de los inversionistas.
Los años 2022 y 2023 han estado marcados por una ola de denuncias de estafas financieras y operaciones de falsos puestos de Bolsa de Valores. Los montos involucrados en estas estafas alcanzan cifras alarmantes, con casos que oscilan alrededor de los cinco mil millones de pesos. La atención estatal hacia este problema ha sido insuficiente, lo que debería alertar a las autoridades monetarias y financieras, así como al Ministerio Público y a los jueces encargados de estos casos.
Para abordar esta pandemia de estafas financieras, es necesario fortalecer las capacidades del Ministerio Público, así como actualizar el Código Penal Dominicano para imponer penas más severas por estafas piramidales. Los jueces también deben aplicar todo el peso de la ley en estos casos, teniendo en cuenta las maniobras fraudulentas utilizadas por los infractores. Además, se necesita una mayor participación y determinación por parte de las víctimas para llevar sus casos hasta el final y no depender únicamente de las denuncias en redes sociales.
Las operaciones con Criptomonedas están prohibidas en la República Dominicana, pero en otros países se permiten transacciones privadas, aunque no se alientan oficialmente debido a los riesgos de volatilidad que representan. Entre estos países se encuentran Argentina, Chile, Brasil, España, México, Venezuela y Estados Unidos.
La proliferación de sociedades fantasmas involucradas en estafas financieras es alarmante. Numerosas empresas, como PIPSCHASERS CAPITAL, TRADING BY MANUEL ROCA, DIGITAL CAPITAL INVESTMENT DCI, GAME OVER FOREX, entre otras, han sido denunciadas en redes sociales y ante la Superintendencia de Valores. Muchos casos siguen sin procesar en los tribunales, y la falta de recursos para contratar abogados dificulta la búsqueda de justicia para las víctimas.
En resumen, la lucha contra las estafas financieras en la República Dominicana requiere de una acción conjunta de las autoridades regulatorias, el Ministerio Público, los jueces y las propias víctimas. Es fundamental fortalecer la regulación, aumentar las capacidades de persecución y aplicar sanciones más severas para disuadir a los infractores y proteger a los inversores dominicanos.
