El sector cooperativo en RD exige una reforma legal urgente para garantizar la protección de los ahorrantes

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El sistema cooperativo en República Dominicana enfrenta una crisis de regulación y supervisión, poniendo en riesgo los ahorros de miles de socios. Urge una reforma legal para garantizar su protección y evitar fraudes financieros.

El abogado Amadeo Peralta entiende que no es posible, en un país civilizado, que la ley que rige el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP) tenga 60 años de haber entrado en vigencia cuando el país era casi una aldea y que aún se mantiene prácticamente intacta.

Esta ley es ambigua, obsoleta, ineficiente, inoperante y atrasada. Fue implementada en una época en la que ni siquiera existían las computadoras ni los sistemas contables y de control. Sorprendentemente, ningún legislador se ha preocupado por actualizar esta ley a la realidad económica y social del país, a pesar del vertiginoso auge de nuevas cooperativas sin regulación.

Actualmente, existen 1,800 cooperativas, 828 de las cuales fueron aprobadas en un tiempo récord durante el año 2022 por parte del IDECOOP, reportando un manejo de activos por RD$238,000 millones al cierre de 2021 prácticamente sin controles.

El abogado Amadeo Peralta, especializado en la persecución de crímenes y delitos económicos como estafas, abusos de confianza, violaciones a la ley monetaria y financiera, y a la ley del Mercado de valores, considera que el desorden beneficia a unos pocos mientras miles de personas pierden sus ahorros debido a la falta de un marco legal sólido.

Por esta razón, Peralta sostiene que, en colaboración con el Consejo Nacional de Cooperativas, es necesario impulsar regulaciones efectivas para evitar la impunidad en casos de desfalcos, quiebras fraudulentas, lavado de activos, estafas, abuso de confianza, enriquecimiento ilícito y otras infracciones graves. De lo contrario, la Superintendencia de Bancos y el Banco Central tendrán que asumir la responsabilidad regulatoria.

Según Peralta, esta situación se debe a las obsoletas leyes 31 de 1963 y 127 de 1964 que rigen el sistema cooperativo en República Dominicana, las cuales no permiten al IDECOOP realizar su trabajo con un marco regulatorio adecuado. Esto ha dado lugar a la existencia de más de mil cooperativas sin regulación, perjudicando a miles de socios ahorrantes que han visto cómo sus ahorros se esfuman sin que se aplique un régimen de consecuencias eficaz.

El IDECOOP, con su limitado presupuesto, no ha podido llevar a cabo una supervisión contable y de auditores efectiva para combatir el fraude y el falseo de estados financieros, préstamos ficticios y otros delitos económicos.

El jurista señala que ya se ha consensuado con el Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP) un nuevo marco legal adaptado a los tiempos actuales. Propone la creación de una Superintendencia de Cooperativas de la República Dominicana (SUPERCOOP) mediante ley, dotada de nuevas atribuciones, funciones, marcos regulatorios internos y externos, fiscalizaciones, sanciones y recursos para un funcionamiento institucional efectivo.

Además, se requiere una transformación interna operativa y un cambio de imagen, logo y colores para mejorar su inserción pública y social en el país y en los sectores económicos relevantes.

Ahora corresponde a los legisladores cumplir su rol y entender que el sector cooperativista, en constante crecimiento, no puede seguir en el letargo jurídico y el atraso legislativo. Sin embargo, es fundamental escuchar a los sectores involucrados junto con el órgano regulador.

Esta nueva legislación ha sido consensuada siguiendo los lineamientos internacionales establecidos por la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), el principal organismo mundial en materia de cooperativas, así como el comité ACI para las Américas y la Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y Sur América (CCCCA).

El jurista sostiene que esta nueva legislación deberá incluir la creación y activación de un sistema de alerta o indicadores que fortalezcan la supervisión y la regulación de las cooperativas, acompañado de un régimen de consecuencias claro y preciso para aquellos que cometan desfalcos, quiebras fraudulentas, falseo de estados financieros, ocultamiento de causas que motiven una supervisión y otras faltas graves por incumplimiento de normas regulatorias. Todo esto se hace con el objetivo de proteger los ahorros de miles de familias que confían en el sistema cooperativo y que merecen las garantías más absolutas por parte del Estado Dominicano.

Existen varios casos impunes sin sanciones serias y efectivas que el país exige respuestas, como los presuntos desfalcos cometidos en cooperativas de la Policía Nacional, el Ayuntamiento del Distrito Nacional, la cooperativa del ayuntamiento Santo Domingo Norte, la del Banco Agrícola, la cooperativa de Pro-Industria, la cooperativa de los empleados de la Falconbridge en Bonao, la cooperativa de ahorros y créditos de los empleados del Central Romana, ARS, Servicios Cooperativos de Salud, entre muchas otras.

Estas cooperativas violaron todos los sistemas regulatorios, lo que hizo necesario su intervención para salvaguardar los ahorros y el patrimonio de miles de socios. Sin embargo, estas intervenciones fueron tardías, cómplices e ineficaces, ya que los presuntos desfalcos y las irregularidades graves en prácticas contables contrarias a la ley ya habían ocurrido meses antes. Como resultado, los socios ahorrantes perdieron sus ahorros sin que se aplicaran sanciones o se llevaran a los consejos directivos ante la justicia.

La problemática radica en que estas cooperativas, sin regulación oficial, tienen activos por RD$238,000 millones al cierre de 2021, cifra muy cercana a los RD$266,712.2 millones de las asociaciones de ahorros y préstamos (AAyP), que sí están reguladas por la autoridad monetaria a través de la Ley 183-02 Monetaria y Financiera. Además, sus activos son casi cinco veces mayores que los RD$51,557.7 millones en activos de los bancos de ahorro y crédito (BAyC), que también están bajo regulación.

Mientras tanto, las cooperativas siguen operando bajo un esquema de "autorregulación", según lo expresado por el expresidente del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop), Jorge Eligio Méndez, en declaraciones a El Dinero en octubre de 2022. Estas declaraciones demuestran el desorden y la falta de control en el sector, dejando a los ahorrantes en una posición vulnerable y sin protección legal adecuada.

En conclusión, es evidente la urgente necesidad de una reforma legal que actualice y fortalezca la regulación del sistema cooperativo en la República Dominicana. Esta reforma debe ser diseñada de manera participativa, considerando las opiniones y propuestas de los diferentes actores involucrados, incluyendo expertos en derecho cooperativo, representantes de las cooperativas, órganos reguladores y autoridades competentes. Solo a través de una legislación moderna y efectiva se podrán prevenir y sancionar los abusos, desfalcos y delitos económicos que afectan a miles de socios ahorrantes y ponen en riesgo la estabilidad del sistema cooperativo en el país.

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