El señor presidente de la República, Luis Abinader Corona, se reunió esta semana con su equipo de gobierno en procura de buscar una salida a la actual crisis económica, agravada por el aumento del precio del petróleo a raíz del conflicto armado que se desarrolla entre los Estados Unidos, Israel e Irán, así como por decisiones incorrectas tomadas durante su gestión.
Entre las anunciadas en esa reunión figura la reducción del 50% de las asignaciones de recursos correspondientes a los partidos, movimientos y agrupaciones políticas, contempladas en la Ley 33-18.
Este año, la Junta Central Electoral debe entregar a los partidos, movimientos y agrupaciones políticas la suma de mil quinientos millones de pesos, conforme a lo establecido en dicha ley. Si se redujera en un 50 % esa asignación, apenas se liberarían unos 750 millones de pesos, una cifra muy insignificante frente a los cerca de 40 mil millones de pesos que el gobierno necesitaría para mitigar la crisis.
Además, para que esa decisión pueda ser aplicada, tendría que hacerse mediante otra ley, ya que ninguna norma puede ser modificada o sustituida por decreto presidencial. Por tanto, la medida nace con debilidades jurídicas.
Esta decisión, sin embargo, solo beneficia al partido de gobierno, el Revolucionario Moderno (PRM), pues no determinación de esos recursos económicos, ya que su campaña sería financiada por todas las instituciones públicas, tal como ocurrió en el proceso electoral de 2024. A ello se sumó el uso de recursos provenientes de préstamos internacionales y de otras fuentes, en un intenso afán por alcanzar una mayoría aplastante de alcaldes, diputados y senadores. Esos recursos, que hoy le faltan al gobierno, terminan siendo pagados por todos los dominicanos.
Esto fue confirmado en su momento por un alto dirigente de ese partido, el ingeniero Ramón Alburquerque, quien lamentablemente ya partió de este mundo. Alburquerque había informado que su partido le entregó unos 500 millones de pesos para ser distribuidos entre los candidatos a senadores, y criticó luego que ni siquiera fueron capaces de agradecerlo.
A raíz de esa estructura de apoyo, el PRM obtuvo una gran cantidad de senadores y diputados en esas elecciones, una cifra que difícilmente vuelva a repetirse. Hubo candidatos que incluso se sorprendieron al resultar electos.
Siempre nos hemos opuesto a la gran proliferación de partidos, movimientos y agrupaciones políticas existentes en el país. Hemos sugerido que, para reducirlos, los recursos asignados sean distribuidos en función de la cantidad de votos obtenidos en las últimas elecciones. No es justo que una organización que logra un 25 %, 30 % o 35 % de los votos reciba lo mismo que otra que apenas alcanza un 4 % o 5 %, y que luego también sea reconocida como partido mayoritario.
Además, por el simple hecho de estar aliada a una organización mayoritaria, o de haber obtenido un solo regidor en un lejano distrito municipal con apenas 250 votos, muchas de esas agrupaciones conservan su personalidad jurídica.
Esta medida, en realidad, no resolverá el problema de la actual crisis económica. El gobierno debe enfrentarla con decisiones más drásticas y trascendentes, aunque ello implique asumir un costo político. Entre esas medidas están la recuperación de los casi 40 mil millones de pesos del fraude ocurrido en el Seguro Nacional de Salud (SENASA) y en otras instituciones del Estado, así como la persecución y recuperación de gran parte de la evasión fiscal existente, que según la propia Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ronda el 45 % del PIB.
No podemos seguir agarrando el rábano por las hojas, porque el remedio puede resultar peor que la enfermedad. Otra vía para obtener los recursos necesarios y reducir el gran déficit fiscal, así como para mitigar la crisis económica que golpea al país y que cada vez se agrava más, es disminuir los gastos corrientes del gobierno: nóminas, pensiones inmerecidas, gastos superfluos y publicidad excesiva. También podría utilizarse parte de las reservas de los 15 mil millones de dólares que tiene el gobierno.
Con estas medidas, el gobierno podría conseguir no solo 40 mil millones, sino hasta 80 mil millones de pesos para enfrentar la crisis.
La población no puede seguir cargando con los errores del gobierno ni con el peso de la crisis. Toda crisis económica genera un alto costo político, pero es el gobierno quien debe asumirlo.
