Por: Valentín Pérez, M. A.
Cada año, al llegar el momento de renovar el marbete, los dominicanos nos preparamos para cumplir con nuestra obligación ciudadana. Sin embargo, el anuncio de la nueva tarifa ha tomado por sorpresa a la ciudadanía. Para muchos, se percibe como una imposición desproporcionada por parte de las autoridades, cuya única justificación evidente es la recaudatoria, sin que exista una contraprestación clara que avale dicho incremento.
Las nuevas tarifas y el impacto financiero
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) estableció los nuevos montos mediante la Resolución Administrativa núm. DDG-AR1-2026-00009:
| Categoría | Precio anterior | Nuevo precio | Incremento |
| Vehículos hasta 2021 | RD$1,500 | RD$2,000 | +33% |
| Vehículos 2022 en adelante | RD$3,000 | RD$4,000 | +33% |
Asimismo, el impacto se multiplica para quienes no logren renovar a tiempo. Con el recargo incluido, el costo final puede dispararse hasta un 133% más en comparación con el valor anterior.
- Inicio del período: Jueves, 29 de octubre de 2026
- Cierre del plazo: Domingo, 31 de enero de 2027
- Recargo por tardanza: RD$2,000 adicionales tras el vencimiento
El sentir de los ciudadanos
Un aumento del 33% no es una cifra menor en la economía familiar. En las calles, centros de trabajo y redes sociales, la interrogante se repite con frustración: ¿Por qué sube el impuesto si las vías siguen deterioradas, el tránsito carece de señalización adecuada y la seguridad vial continúa siendo una asignatura pendiente?
El dominicano es, por naturaleza, un ciudadano responsable y cumplidor. Paga sus tributos con la convicción de que esos recursos se traducirán en bienestar colectivo si se administran con eficiencia. No obstante, cuando el incremento supera la capacidad de ingresos de los hogares y no se percibe una mejora proporcional en los servicios públicos, la justificación del alza queda en entredicho.
Una reflexión para las autoridades
Nadie discute la obligatoriedad de contribuir con el Estado, pero el contribuyente merece ver el retorno tangible de su esfuerzo. Ante un aumento de esta magnitud, lo mínimo que la ciudadanía espera es:
- Calles y carreteras en condiciones seguras y transitables.
- Señalización vial clara y con mantenimiento oportuno.
- Mejoras sustanciales en la seguridad y el ordenamiento del tránsito.
- Inversión constante en nuestra infraestructura vial.
Ojalá este incremento sirva, como afirman las autoridades, para fortalecer la recaudación y, sobre todo, para devolvérselo al pueblo en obras y servicios de calidad. El dominicano paga con gusto cuando comprueba que su aporte se transforma en progreso real, pero también tiene el derecho inalienable de exigir transparencia y resultados visibles.
Que cada peso adicional pagado se refleje en un país donde transitar sea más seguro, eficiente y digno. Al final del día, el mejor estímulo para cumplir con nuestras obligaciones fiscales es comprobar que el Estado también cumple con nosotros.
