Por Alfredo Cruz Polanco
En medio de apagones constantes, miles de usuarios denuncian cobros desproporcionados, trabas burocráticas y ausencia de protección ante instituciones ineficaces.
En los últimos meses, la empresa distribuidora de electricidad del Norte, Edenorte, ha incrementado de manera desproporcionada el valor de las facturas. Paradójicamente, este aumento coincide con la etapa en que más apagones se han producido y, por tanto, cuando menos energía se ha recibido. Para muchos ciudadanos, se trata de una burla, un abuso y un irrespeto.
La crisis energética, que se creía superada, ha regresado con fuerza debido a la falta de prevención, mantenimiento y pago oportuno a los generadores privados. Según expertos, gran parte de los apagones actuales tienen origen financiero: los generadores suspenden el servicio cuando no reciben los pagos correspondientes.
Caso Lobo: imputan a funcionario de Edenorte por recibir RD$35 millones en sobornos
Edenorte inicia Proyecto Casitas para reducir accidentes domésticos
En lo único que Edenorte —y, presumiblemente, las demás distribuidoras— ha mostrado eficiencia es en aumentar las facturas, los sueldos de sus directivos y los gastos de representación. Mientras tanto, las quejas ciudadanas son respondidas con un mismo argumento: la ola de calor que atraviesa el país eleva la demanda de electricidad. Sin embargo, los incrementos parecen responder más bien a exigencias internas de aumentar la recaudación para cubrir déficits económicos, pretendiendo proyectar una falsa imagen de eficiencia administrativa.
La verdadera eficiencia debería medirse por la calidad del servicio, el suministro estable y el mantenimiento oportuno, aspectos que hoy brillan por su ausencia. La realidad es que los apagones se multiplican y el servicio empeora, mientras los cobros siguen escalando mes tras mes.
Reclamar una factura resulta un calvario. En mi caso particular, tras acudir en tres ocasiones a la oficina de Edenorte en La Vega, nunca fui atendido: largas horas de espera y, al final, la excusa de que “el sistema se cayó”. Para colmo, al intentar formalizar mi reclamación, me exigieron pagar de inmediato el 67 % de la última factura recién emitida —y aún no vencida—, como condición para iniciar el proceso. Es decir, además de soportar facturas injustificadas, molestias y malos momentos, también obligan al ciudadano a financiar anticipadamente el próximo cobro para ejercer un derecho legítimo.
Lo más indignante es la ausencia total de una institución que defienda al usuario común. Cuando se acude a la Oficina de Protección al Consumidor de Electricidad (Protecom), el proceso resulta igualmente traumático y casi siempre concluye con un veredicto que valida los cobros. Así, al ciudadano solo le queda resignarse: perder tiempo, gastar dinero, acumular indignación y, finalmente, pagar lo que le exigen.
“Que Dios nos coja confesados”.
