La falta de atención estatal y las debilidades legales permiten una pandemia de fraudes millonarios. Urge acción del Ministerio Público y actualización del Código Penal.
Por César Amadeo Peralta
Las estafas financieras requieren principalmente de abogados, miembros del Ministerio Público y jueces que manejen muy bien los temas financieros, porque son materias especializadas, delitos complejos nuevos, leyes especiales, poco manejados por muchas fiscalías que esta avalancha de casos los ha dejado sorprendidos y por eso fue necesario crear la Dirección Nacional de persecución de Delitos Financieros.
Si las víctimas no se querellan de manera formal no pueden esperar que su caso se resuelva por arte de magia.
Los años 2022 y 2023 a juzgar por los tantos casos de denuncias de estafas financieras, sumado con altísima cantidad de estafados y los elevadísimos montos envueltos en esos tumbes que oscilan los cinco mil millones de pesos, y la muy escasa atención estatal debe llamar la atención de las autoridades monetarias y financieras, así como del órgano persecutor que es el Ministerio Público y a los jueces que manejan estos casos para frenar de golpe el efecto nocivo que se ha convertido en una verdadera pandemia de estafas financieras con criptomonedas en el país que todas terminan robándose el patrimonio de sus víctimas.
Quienes analizaron las debilidades de nuestras leyes, vieron en constituir sociedades fantasmas como puestos de bolsas de valores para ofertar la compra y venta de criptomonedas y ofrecer jugosos intereses que llegaban desde un 12 hasta un 16% mensual, lo que motivó que miles de personas recurrieran a realizar hasta préstamos bancarios, otros a poner sus vehículos en garantía de préstamos para llevarle ese dinero a sus verdugos y resultar en poco tiempo envueltos en un sistema piramidal en el cual cobraron los primeros meses de intereses de su propio dinero invertido y luego fuaaaa…desaparecieron.
Las criptomonedas y los activos virtuales NO están autorizados conforme a las disposiciones de la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera, núm.183-02 del 21 de noviembre de 2002, ni por la ley Núm. 249-17 del Mercado de Valores de la República Dominicana. Por lo tanto, no cuentan con el respaldo del Estado para su emisión y utilización como medio de pago para realizar transacciones de ningún género en la República Dominicana.
Su efectividad o su uso en nuestra economía no puede ser garantizada, ni ninguna persona está en la obligación de aceptarlos como forma de pago de bienes o servicios prestados.
Toda persona que adquiera este tipo de activo virtual sea a modo de inversión o con el interés de usarlo como medio de pago, así como cualquiera que los acepte como forma de pago en transacciones comerciales, lo hará a su solo riesgo.
Si una víctima se fuera a querellar contra las entidades y personas que recibieron sus depósitos tiene que tener pendiente que si la querella está encabezada como estafa, este delito prescribe a los dos años, eso quiere decir que el delito prescribe y deja de existir, a menos que se utilicen otras figuras jurídicas más fuertes.
Para frenar esta pandemia es necesario que primero el Ministerio Público, aumente su capacidad operativa, logística, de personal y recursos para perseguir y procesar estos casos con más celeridad, también es necesario que el Congreso Nacional actualice ya el Código Penal Dominicano el cual traerá penas de hasta 20 años de prisión por estas piramidales y es necesario que los jueces apliquen todo el peso de la ley en los procesos sometidos a su decisión y que tengan presente que los infractores utilizan todo tipo de maniobras fraudulentas a veces hasta con apariencias de legalidad para facilitar sus actos delictivos y que se agilicen los procesos, lo mismo les toca a las víctimas, de llevar sus casos hasta las últimas consecuencias para poder cobrar y no pensar que con denuncias en las redes sociales ya van a cobrar sin apoderar un abogado que lleve bien su proceso.
Con solo ingresar a las redes sociales o a la página de la Superintendencia de Valores, existen denuncias de sociedades fantasmas con cientos de víctimas como PIPSCHASERS CAPITAL, S.R.L, TRADING BY MANUEL ROCA, S.R.L., DIGITAL CAPITAL INVESTMENT DCI, EIRL, GAME OVER FOREX EIRL, HDLS DIGITAL KINGDOM INVESTMENT GROUP, S.R.L., DIGITAL CAPITAL TRAINING, DCT, S.R.L., QUANTUM, S.R.L, QUANTUM CAPITAL MARKETS, HOLCOMB FINANCE LI-FEC.ORIG.SRL, FOREX CLUB LIBERTEX, SRL, SMART BLESSING CONSULTING, S.R.L., LET S START TRADING, SRL, SPOROUS CAPITAL INVESTMENTS GROUP, SRL, HARVEST TRADING CAP, SRL, KAKAO TALK, TRADER SARAH RODRÍGUEZ, BLACK BOX INVESTMENT E.I.R.L..
Así como las sociedades como MY TRADER COIN Y MONEY FREE, IFREEX, WISHCLUB, I7 GROUP, ROYALS CLUB LIVE, ALIVE CLUB, TRADINGWAVES FUSION Y BIT TRADER BANKING, CASH FLOW PARTNERS, S.R.L., entre otras más.
Según las constantes denuncias y el órgano regulador, estas sociedades estaban siendo dirigidas por los señores, André Luis Feitosa Santos, de nacionalidad brasileña, Gabriel Eduardo Gómez Otero, de nacionalidad colombiana, Samil José Abad de la Rosa, Gustavo Emilio López de los Santos, Nathanael Agustín Betances Montaño, Jairo Joel González Durán, Kelmin Santos Rodríguez, Edward Espinal, Víctor Cámara, Félix Rafael Tejeda Álvarez, Luis David Méndez Bichara, Ramón Emilio Cáceres Araujo, Martin Luna Araujo, Kristie Marie Cabral Romero.
Así como por Álvaro José Uribe Doñe, Alexis Solano Frías, Francelis Hernández Tavarez, Domerys Ramírez Espinal, Manuel Roca Mestre, Yokasta Massiel Sánchez Collado, Michael Marino Ureña Peña, Domingo Germán Lara, Gerald Rafael Benzant de Mota, Luis Alejandro Lantigua Báez, Harold Martínez Hernández, Juan Diego Toribio Mejía, Luis Napoleón Grano de Oro Sepúlveda.
También, Alison Mesa Sánchez, Ángel Luis Gómez, Marino Javier Medina Wilson, Luis Ivan Albero Polanco, Erickson Abel Gómez, entre otros ejecutivos y funcionarios de esas sociedades. Hasta hoy, casi todos sin procesar en los tribunales; algunos con querellas en su contra.
El 98% de las víctimas sin depositar querellas, esperando a ver qué pasa. Entregaron sus recursos, fueron timados, y hoy los posibles imputados podrían salirse con la suya. Las víctimas carecen de recursos para pagar a un abogado, y algunos quieren que los abogados cubran todos los gastos del proceso. Los abogados no acceden, ya que no pueden llenarse de casos ajenos cubriéndolos de sus bolsillos. Los procesos judiciales generan gastos; es falso que la justicia sea gratuita, rápida y efectiva.
