La proliferación de motocicletas sin control legal ni seguridad incrementa accidentes, muertes, asaltos y costos de salud en la República Dominicana
Por Ervin Vargas J.
Por tratarse de un tema de alto interés para el tránsito, la vialidad y la seguridad ciudadana en la República Dominicana, presento mis consideraciones y algunas estadísticas sobre una pandemia que lleva años propagándose y que hoy se encuentra en su punto más crítico. Esta situación ha derivado en accidentes, muertes, asaltos y un elevado gasto para el sistema de salud.
La “pandemia” de los motoristas y motocicletas circula sin control, ignorando la prudencia y desafiando nuestras leyes. La mayoría de ellos transita sin documentos, sin identidad y sin pólizas de seguro, lo que genera una ilegalidad estructural: en caso de accidente, las víctimas deben asumir los daños, mientras la justicia suele liberar a los responsables. Las instituciones competentes, aun conociendo esta problemática, han fallado en aplicar las sanciones correspondientes.
Una encuesta de la Fundación Movilidad Vial Dominicana reveló que el 92 % de la población considera las motocicletas un riesgo para la seguridad vial. A su vez, el 94 % afirma que los motoristas no respetan las normas de tránsito, y el 82 % percibe que el tráfico afecta negativamente su bienestar físico y emocional.
La Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece que toda motocicleta debe estar registrada en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), portar placa, circular con licencia de conducir y contar con seguro. Además, otorga a los agentes de la DIGESETT y a las alcaldías competencia para someter infractores ante el Ministerio Público. Sin embargo, ocho años después de su promulgación, gran parte de sus disposiciones siguen siendo letra muerta, lo que constituye una violación institucional al mandato de la ley.
Estadísticas que alarman
El 56.5 % del parque vehicular del país está compuesto por 3,298,697 motocicletas. Sin embargo, apenas existen 30,716 licencias de conducir categoría I registradas, de las cuales 23,357 están vencidas y solo 7,359 permanecen vigentes.
En 2024 murieron 3,000 personas en accidentes de tránsito; el 70 % viajaba en motocicleta. El 85.9 % de las víctimas fueron hombres, y el 95 % de los accidentes se atribuye a error humano. Los domingos son los días más mortales. En promedio, una persona fallece cada tres horas por siniestros viales, con una tasa de 64.6 muertes por cada 100,000 habitantes, la más alta del mundo según la Organización Mundial de la Salud.
El costo económico es devastador: una fractura simple puede implicar RD$250,000 en gastos médicos, y una estancia en cuidados intensivos supera los RD$700,000 diarios. En el Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, más del 80 % de los pacientes atendidos son motociclistas.
El problema también tiene un ángulo delictivo. La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó que más del 60 % de los asaltos y robos se cometen utilizando motocicletas. Cada mes se reportan unas 330 sustracciones de estos vehículos, lo que equivale a 11 diarias.
En paralelo, la DGII recaudó RD$4,020 millones en 2023 y RD$5,930 millones en 2024 por concepto de importaciones de motocicletas, con un crecimiento anual del 22.2 %. Esto evidencia que el negocio florece mientras la ilegalidad se mantiene.
Otro foco de corrupción es la alteración de matrículas y la venta irregular de motocicletas en la frontera, donde se emiten en promedio 2,800 nuevas matrículas mensuales.
Una amenaza que exige acción
Las motocicletas son un medio legítimo de transporte y sustento para miles de motoconchistas y repartidores, pero el irrespeto a las leyes, sumado a la imprudencia de conductores —incluidos los temerarios “calibradores”—, amenaza la seguridad pública. La baja escolaridad del sector incide en el problema: el 83 % de los motoconchistas apenas alcanzó la primaria y solo un 17 % completó bachillerato o estudios técnicos.
La edad promedio de los fallecidos oscila entre los 15 y 39 años, lo que multiplica el impacto social y económico, dejando familias enlutadas y niños huérfanos. En muchos casos, los parientes cargan con deudas superiores a RD$50,000 solo para cubrir gastos funerarios.
He sido insistente en proponer soluciones, pero esta vez me abstengo. Los organismos competentes ya disponen de diagnósticos y herramientas legales. Solo falta la voluntad política y la decisión firme de aplicar la ley, sin populismo ni privilegios.
De continuar la tendencia actual, los impactos negativos crecerán en un 20 % anual, elevando aún más el costo humano y económico. Urge “vacunar” el sistema mediante la aplicación rigurosa de la ley y un régimen de consecuencias real que reduzca accidentes, muertes y delitos.
La República Dominicana merece una movilidad más ordenada, eficiente y humana. No podemos seguir siendo líderes mundiales en muertes de tránsito. Ha llegado la hora de actuar.
