Bajo el pretexto de proteger el honor, nuevas leyes buscan limitar la crítica ciudadana y controlar la narrativa política en internet.
Por Pavel De Camps Vargas
En República Dominicana, los casos de difamación e injuria vinculados al uso de internet representan menos del 0.00049 % de los usuarios conectados, entre los 10.2 millones de dominicanos con acceso digital. A simple vista, parece una cifra insignificante. Sin embargo, esa aparente irrelevancia es precisamente lo que debería alertarnos: ¿por qué insistir en legislar con tanto rigor un fenómeno marginal? ¿Se trata realmente de proteger el honor… o de disciplinar al ciudadano?
Mientras el país avanza en conectividad, la narrativa política retrocede: más vigilancia, más restricciones, más temor.
El disfraz legal del control
La difamación y la injuria son figuras legales válidas en cualquier democracia. No obstante, en el caso dominicano, propuestas legislativas recientes —como el proyecto de Ley sobre Libertad de Expresión y Medios Digitales— parecen menos orientadas a garantizar derechos y más a silenciar voces disidentes que desafían el discurso oficial.
Paradójicamente, este endurecimiento legal ocurre en un momento en que las redes sociales han permitido a miles de ciudadanos ejercer su derecho a opinar, denunciar y participar políticamente. La voz pública ya no depende exclusivamente de los grandes medios ni de los partidos, sino de usuarios comunes que publican desde sus teléfonos móviles. Y esa democratización de la palabra resulta intolerable para algunos sectores del poder.
El nuevo campo de batalla: las redes
A través de plataformas como X, TikTok, YouTube o Facebook, los dominicanos han denunciado corrupción, criticado decisiones y abierto debates que antes eran impensables. Una publicación viral puede hoy tener más impacto que una rueda de prensa. Esa capacidad de presión social es la verdadera amenaza para quienes desean controlar el discurso público.
Casos aislados de difamación han sido utilizados como excusa para endurecer sanciones, intimidar creadores de contenido y desalentar la crítica. Bajo el velo de la protección del honor se oculta un modelo autoritario que pretende que el ciudadano piense dos veces antes de opinar… o que simplemente no lo haga.
¿La ley protege al débil o al poderoso?
En la mayoría de los casos, quienes interponen demandas por difamación no son personas vulnerables, sino funcionarios, políticos o figuras públicas. Es decir, quienes ya tienen poder, influencia y recursos utilizan la ley como arma para silenciar a quienes sólo tienen su voz y un celular como herramientas.
Así, lo que debería ser justicia se convierte en censura encubierta.
La paradoja dominicana: ¿el futuro en juego?
Aunque el país presume de ser una democracia moderna, continúa utilizando leyes del siglo pasado para regular el discurso del siglo XXI. El Código Penal aún criminaliza expresiones públicas, y los proyectos legislativos actuales contemplan prisión para quienes se atrevan a “ofender” a una autoridad. ¿Estamos cuidando la convivencia… o blindando a los poderosos?
Consolidar estas leyes abriría un precedente peligroso: castigar al ciudadano por opinar. Esto podría instalar la autocensura, el miedo y el silencio como norma. Y cuando se silencia al pueblo, muere la democracia.
¿Y si esto no se trata de proteger el honor, sino de enterrar la libertad con guantes blancos?
¿Estamos ante un intento velado de recentralizar el poder del discurso, que las redes sociales han descentralizado? ¿Y si cada nueva ley, disfrazada de “regulación”, es en realidad un grillete invisible para el pensamiento crítico, la denuncia y la voz ciudadana?
¿Hasta cuándo permitiremos que la excepción se convierta en regla, y el castigo en método? ¿Quién definirá qué es difamar en un país polarizado políticamente?
Hoy censuran a un influencer. Mañana podría ser un periodista. Y luego, tú, por un comentario en tu estado de WhatsApp.
¿Quién decide lo que es injuria en un país donde cuestionar al poder se percibe como amenaza?
Y lo más inquietante:
¿Seremos testigos del entierro de la libertad de expresión mientras aplaudimos su funeral legalizado?
¿Estamos normalizando el silencio, mientras creemos que hablamos libres?
¿Será este el inicio de una sociedad dominicana amordazada, domesticada y digitalmente vigilada?
