Diario Cibao
San Francisco de Macorís. — Las autoridades judiciales investigan una presunta red de estafas inmobiliarias que habría operado en esta ciudad mediante la venta fraudulenta de inmuebles, terrenos y otras propiedades, con un perjuicio estimado en sumas millonarias.
El principal acusado es el abogado Joel Carlos Rojas, actualmente procesado por asociación de malhechores, falsificación de documentos y lavado de activos, quien figura como presunto cabecilla del entramado.
De acuerdo con los informes preliminares, el grupo —integrado por al menos diez personas— habría recibido avances de dinero sobre el valor total de distintas propiedades, creando promesas de venta falsas y presentando documentos adulterados para sustentar transacciones inexistentes.
Las operaciones se efectuaban mediante escrituras notariales y certificados de títulos falsificados, con el objetivo de obtener fondos de compradores interesados en terrenos o viviendas en zonas residenciales y rurales de San Francisco de Macorís.
La abogada Guadalupe Marte, representante legal de una de las víctimas, explicó que la querella formal fue presentada tras las indagatorias que vinculan directamente al jurista Rojas.
Marte afirmó que, aunque el imputado obtuvo su libertad mediante un recurso de hábeas corpus, el caso sigue abierto, y el acusado deberá comparecer en los próximos días ante el Juzgado de la Instrucción de Duarte para el conocimiento de medidas de coerción.
“Existen pruebas suficientes que comprometen penalmente al imputado. Los documentos presentados fueron certificados como falsos por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif)”, aseguró la abogada.
Según explicó, su clienta habría sido víctima de una estafa millonaria en dólares, al entregar el pago inicial por un inmueble cuya titularidad resultó ser ficticia.
Las autoridades han confirmado que entre los querellantes figuran una empresa y una persona física, aunque se prevé que más afectados acudan a la Fiscalía de Duarte para formalizar nuevas denuncias.
Hasta el momento, las autoridades no han precisado el monto total defraudado, pero estiman que el grupo habría obtenido ganancias millonarias a través de las operaciones irregulares.
Mientras era trasladado a la sala de audiencias, Joel Carlos Rojas rechazó las acusaciones, alegando que se trata de represalias por los casos judiciales que ha ganado contra algunos de los abogados que hoy lo acusan.
“Tengo entre ocho y nueve sentencias a mi favor. Me imagino que, a veces, algunos juristas buscan mecanismos fuera de los recursos legales para obtener ganancia de causa”, declaró el imputado ante la prensa.
Las investigaciones continúan bajo la coordinación del Ministerio Público de Duarte, que evalúa la posible vinculación de otros profesionales del derecho, contables y supuestos intermediarios inmobiliarios en lo que podría convertirse en uno de los mayores casos de fraude inmobiliario del Cibao en los últimos años.
