Por Alfredo Cruz Polanco ([email protected])
En la República Dominicana se ha vuelto una práctica recurrente que numerosos funcionarios de instituciones públicas, ministerios, alcaldías y dependencias del Estado se autoasignen o gestionen reconocimientos, medallas y placas “al mérito”. Estos galardones, supuestamente otorgados por un excelente desempeño en la gestión pública, por la ética, la transparencia o la lucha contra la corrupción, se han convertido en una estrategia política para proyectar una imagen de eficiencia y credibilidad.
Con frecuencia, estos reconocimientos surgen en momentos en que dichos funcionarios aspiran a cargos de elección popular —la Presidencia de la República, una senaduría o una alcaldía—. A través de campañas publicitarias cuidadosamente planificadas y con el respaldo de altos funcionarios, como el Ministro de Administración Pública de turno, logran obtener medallas y distinciones sin que medie una evaluación real de su desempeño. Lo más preocupante es que estos premios suelen entregarse sin informes verificables de los organismos de control, como la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República, el Congreso Nacional o la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.
Algunos van aún más lejos. Gestionan reconocimientos en el extranjero mediante empresas dedicadas a vender premios y organizar eventos internacionales. Dichas entidades, en muchos casos, no tienen conocimiento real de la institución ni del funcionario que la dirige, y se limitan a otorgar el galardón a cambio de un pago. Estas “distinciones” sirven luego de excusa para desplegar costosas delegaciones de viaje y campañas mediáticas, financiadas con fondos públicos, lo que constituye una grave forma de despilfarro y corrupción.
Paradójicamente, muchas de esas instituciones “premiadas” y sus titulares terminan siendo investigados por el Ministerio Público, tras denuncias periodísticas que revelan irregularidades administrativas, malversación y violaciones a los principios éticos. Los reconocimientos, lejos de reflejar la transparencia, se convierten en una cortina de humo que intenta disimular la podredumbre institucional y los abusos cometidos contra la legalidad.
Para muestra, basta recordar casos como el de Maxy Montilla y las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EdeSur, EdeNorte y EdeEste), cuyos directores fueron en su momento exaltados como modelos de gestión, tanto a nivel nacional como internacional. Otro ejemplo es el del Seguro Nacional de Salud (Senasa) y su entonces director, el doctor Santiago Hazim.
Existen muchos otros casos similares, pero por razones de espacio los abordaremos en una próxima entrega.
