Por Alfredo Cruz Polanco
Con el acuerdo confidencial alcanzado entre el señor Maxy Montilla Sierra y el Ministerio Público, mediante el cual evita ser sometido plenamente a la acción judicial por presuntos actos de corrupción, a cambio de devolver al Estado dominicano más de 3 mil millones de pesos, se envía un mensaje equivocado al país y a las presentes y futuras generaciones.
El pacto incluye, además, la entrega de una propiedad inmobiliaria, el pago de más de 431 millones de pesos a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y una indemnización de 600 millones de pesos a las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDES).
En este marco, el señor Montilla admitió su culpabilidad en los cargos presentados en su contra y se comprometió a testificar contra otros involucrados en el entramado, conocido como “Operación Antipulpo”. El acuerdo fue homologado por el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, bajo el criterio de oportunidad contemplado en la ley, y fue gestionado a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
Este proceder, lejos de fortalecer la justicia, proyecta la debilidad institucional del sistema judicial dominicano, que parece más interesado en recuperar dinero que en establecer responsabilidades y sanciones ejemplares. La señal que se transmite es clara: lo ético y lo moral ceden ante el poder del dinero.
Quien se apodera de lo ajeno, quien evade impuestos valiéndose del tráfico de influencias o quien enriquece ilícitamente, aunque devuelva una parte de lo sustraído, sigue siendo un delincuente común y un evasor de la justicia. Este acuerdo constituye, en esencia, una admisión vulgar del delito cometido.
El señor Montilla, propietario de diversas empresas de suministro de equipos y servicios eléctricos, fue contratista durante años de EDE Sur, EDE Norte y EDE Este. Su entramado empresarial le permitió manipular procesos de licitación contemplados en la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas, en complicidad con funcionarios de dichas distribuidoras.
Especialistas en derecho penal sostienen que este acuerdo no fue producto de un juicio oral, público y contradictorio, sino de una negociación a puerta cerrada, en la que se cambió libertad por dinero. De haberse ventilado en los tribunales, habrían debido ser procesados también los funcionarios que integraban la estructura, como ha ocurrido en otros casos de corrupción.
El propio Montilla declaró haber participado en licitaciones por más de 13 mil millones de pesos, situación que perjudicó a empresas competidoras que se quejaban de favoritismo hacia sus compañías, siempre beneficiadas en dichos procesos.
Con este cuestionado acuerdo, tanto el Ministerio Público como la Procuraduría General de la República se desacreditan ante la ciudadanía. Optaron por asegurar la devolución de una fracción del dinero en lugar de apostar por una condena que, aunque mínima, hubiera fortalecido la confianza en la justicia.
El mensaje que se transmite a la sociedad es devastador: quien roba miles de millones de pesos y devuelve una parte podrá gozar de libertad, de respeto social e, incluso, de una fachada de honorabilidad.
Según expertos, cuando un acusado devuelve parte de lo sustraído es porque el botín real es, como mínimo, diez veces mayor. Sin embargo, por más riquezas acumuladas, se pierde lo más valioso e irrecuperable: la dignidad, la moral, la confianza y la credibilidad.
Además, Montilla, su familia y todos los que integraron este entramado quedarán marcados por una mancha indeleble que jamás se borrará.
Ese es el costo de la ambición desmedida de quienes, desde la función pública o en complicidad con ella, traicionan al país. Una vergüenza nacional que desnuda la fragilidad de nuestro sistema de justicia.
