Por Alfredo Cruz Polanco
Por mandato constitucional, cada 27 de febrero el jefe del Estado comparece ante la Asamblea Nacional para rendir cuentas sobre la ejecución presupuestaria del año anterior y ofrecer un balance político, económico y social. Este año, sin embargo, la exposición —casi tres horas— amplió el horizonte temporal al recapitular acciones de casi seis años de gestión, en lugar de centrarse únicamente en el ejercicio inmediato, como recoge la Constitución.
En el hemiciclo, los aplausos de legisladores y funcionarios presentes celebraron cada anuncio presidencial; fuera de él, en numerosas provincias, la recepción fue distinta. Desde comunidades locales señalan que muchos proyectos anunciados están incompletos, con obras remozadas o inauguradas recientemente que ya muestran fallas constructivas, y con ejecuciones que no alcanzan la mitad de avance prometido.
En la provincia de La Vega, por ejemplo, solo el Recinto de la UASD aparece con un 80 % de ejecución; no obstante, hay reclamos por pagos pendientes al ingeniero que participó en la obra. El puente sobre el Río Camú —en la comunidad de Sabaneta— fue entregado hace más de dos años y aún enfrenta problemas de mantenimiento; la avenida Pedro A. Rivera fue remozada pero no reconstruida como se anunció; y el colapso del puente en la calle Antonio Guzmán Fernández mantiene paralizada la principal entrada comercial, con comerciantes en caída de ingresos.
La percepción ciudadana no se limita a obras públicas: los reclamos recurrentes incluyen el aumento del costo de los productos básicos, deficiencias en servicios de salud —falta de atención y medicamentos—, inseguridad, escasez de agua potable, interrupciones eléctricas frecuentes y deterioro en educación y medio ambiente. Esta visión ha sido recogida incluso por la Conferencia del Episcopado Dominicano en una carta pastoral que refleja el clamor social.
Las críticas también apuntan a la gestión administrativa y financiera: señalamientos por endeudamiento creciente para gastos corrientes, subsidios con escasos resultados efectivos y casos de corrupción que han paralizado proyectos y desvirtuado la transparencia prometida. Escándalos como el de Senasa evidencian cómo reformas anunciadas pueden agravar el acceso a servicios básicos; problemas similares se han reportado en el sector salud pública, en instituciones de transporte como el Intrant y en recintos penitenciarios como La Nueva Victoria.
El contraste entre el discurso oficial y la experiencia provincial llevó al autor a citar al ex mandatario Juan Bosch: “conocemos al cojo sentado y al ciego durmiendo”, una advertencia sobre la distancia entre la retórica y la realidad. Para revertir la precariedad y la pobreza extrema, subraya el texto, se requieren políticas que generen empleos formales, incentiven la inversión productiva —incluidas alianzas público-privadas— y garanticen servicios públicos eficientes, no solo subsidios o publicidad.
La rendición de cuentas debe ser una herramienta de transparencia y rendición real, no un espectáculo mediático. Los ciudadanos demandan resultados verificables: obras terminadas y mantenidas, instituciones que funcionen, control efectivo del gasto público y sanciones claras frente a la corrupción. Sin ellos, las palabras quedan por detrás de las necesidades cotidianas de la mayoría.
