Puerto Plata, República Dominicana. – La Federación de Trabajadores y Vendedores de Artesanía y Afines de la Región Norte (Fedanorte) expresó su firme rechazo al decreto presidencial que dispone la creación de un fideicomiso público para la administración del teleférico de Puerto Plata.
La organización calificó la medida como un intento de despojar a los ciudadanos de Puerto Plata del control de una de sus principales infraestructuras turísticas, y anunció la realización de una marcha de protesta el próximo martes 23 de julio.
Durante una reunión del buró ampliado, Fedanorte informó que la movilización iniciará a las 8:00 de la mañana en la Plaza Independencia y concluirá en la sede de la Gobernación Provincial, donde entregarán un documento con sus demandas.
El presidente de Fedanorte, Mariano Rodríguez, advirtió que no permitirán la privatización del teleférico ni del parque de La Puntilla. Asimismo, denunció la difícil situación que enfrentan los vendedores de la zona, afectados por el cierre de las instalaciones desde hace más de un año.
Por su parte, el dirigente sindical Luis Bencosme acusó al Gobierno de fomentar el deterioro del parque y la paralización del teleférico como parte de un plan orientado a su privatización. Afirmó que técnicos colombianos y dominicanos han certificado que el sistema estaba en condiciones de continuar operando, por lo que considera injustificado su cierre.
El pasado miércoles, el presidente Luis Abinader emitió el decreto núm. 162-25, que ordena la creación de un fideicomiso público para gestionar el teleférico de Puerto Plata, con el objetivo de garantizar su sostenibilidad, financiamiento y operatividad.
Esta infraestructura, cerrada desde hace más de un año, movilizaba a más de 16,000 personas hacia la loma Isabel de Torres. Sin embargo, hasta la fecha no se ha iniciado la anunciada modernización del sistema de transporte.
Fedanorte reiteró su rechazo al fideicomiso y exigió al Gobierno una respuesta clara ante lo que consideran un proceso de privatización encubierta que perjudicaría a los trabajadores, comerciantes y a la oferta turística de la ciudad.
