El periodista Hugo Gómez documentó en videos el tenso desalojo en Alto Cerro, donde familias fueron afectadas por gases lacrimógenos y destrucción de viviendas.
Diario Cibao. Sosúa, Puerto Plata, República Dominicana. — Un operativo de desalojo ejecutado por el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) en la comunidad de Cerro Alto, en La Unión de Sosúa, provocó momentos de alta tensión cuando agentes policiales utilizaron bombas lacrimógenas para dispersar a los residentes.
La intervención, realizada en terrenos que el CEA reclama como propiedad estatal, dejó varias viviendas destruidas y a numerosas familias afectadas, incluyendo adultos mayores que quedaron expuestos a la intemperie tras perder sus hogares. La mayoría de las casas demolidas estaban construidas con materiales humildes como madera, block y techos de zinc.
Según informó el corresponsal Hugo Gómez, aunque no se han reportado heridos graves, los gases lacrimógenos afectaron a decenas de personas que se encontraban en la zona durante el operativo. El ambiente se tornó caótico, con gritos, lágrimas y escenas de desesperación entre los afectados.
Lanzan bomba lacrimógenas este miercoles en Cerro Alto, la Unión de Sosúa, Puerto Plata, donde se lleva a cabo un desalojo por parte del CEA pic.twitter.com/niu7yacYdM
— Diario Cibao (@DiarioCibao) June 11, 2025
Durante la intervención, varias personas fueron arrestadas al resistirse al desalojo, lo que generó aún más preocupación entre los vecinos, quienes cuestionan la manera en que se llevó a cabo el procedimiento. Líderes comunitarios y defensores de derechos humanos han solicitado una investigación sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades.
El operativo del CEA en La Unión de Sosúa revive el debate sobre la legalidad y la humanidad de los desalojos en territorios en disputa en República Dominicana. Mientras tanto, las familias afectadas claman por una solución urgente que les garantice techo y protección.
Este suceso pone en el foco la necesidad de políticas públicas más justas en la gestión de tierras, así como una actuación estatal que priorice los derechos humanos y la dignidad de los ciudadanos.
