Diario Cibao
Las autoridades clausuraron este miércoles la hacienda donde murió ahogada una niña de 11 años que participaba en una excursión escolar en la provincia Santiago, tras determinar que el lugar no cumplía con los requisitos mínimos de seguridad establecidos por la ley.
La clausura fue dispuesta por el Ministerio Público luego de una supervisión, al comprobar que el establecimiento Hacienda Los Caballos operaba sin las condiciones necesarias para el uso de piscinas, incluyendo la ausencia de salvavidas profesionales, equipos de rescate, botiquines, camillas y sistemas de seguridad obligatorios.
El director provincial de la Defensa Civil, Francisco Arias, explicó que la hacienda tenía "profundidades aptas solo para adultos" y que no cumplía con los estándares establecidos por la Ley 257, que regula las medidas para proteger vidas y propiedades.
"Queremos exhortar a la población que, donde quiera que vaya a una piscina, verifique los protocolos y estándares de seguridad", afirmó.
Indicó que desde el organismo van a seguir trabajando junto al Ministerio Público para clausurar cualquier piscina en Santiago que no cumpla con los requisitos.
Arias insistió en que los propietarios de estos espacios deben coordinar con la Defensa Civil para recibir asesoría sobre los protocolos obligatorios.
La menor, identificada como Stefhora Anne Mircie, de nacionalidad haitiana, murió la tarde del viernes 14 de noviembre mientras se encontraba en una actividad recreativa del centro educativo al que pertenecía en una hacienda ubicada en Gurabo. La estudiante formaba parte de un grupo de alumnos destacados por su alto rendimiento académico.
El director provincial del Ministerio de Educación, Pedro Pablo Marte, informó que la institución se mantiene en proceso de investigación para determinar si el centro escolar agotó los pasos establecidos para la realización de salidas y actividades extracurriculares.
Explicó que el protocolo vigente exige tres elementos fundamentales, entre ellos un objetivo pedagógico y curricular claro que justifique la actividad.
Asimismo, notificación y autorización expresa de los padres, con detalles del lugar, fecha y propósito de la salida.
Además, comunicación formal al distrito y a la regional educativa, dejando evidencia de que los estudiantes se encuentran en la actividad aprobada.
Marte indicó que aún no pueden emitir conclusiones y que cualquier sanción dependerá de las determinaciones de la justicia.
"No podemos actuar a priori. Debemos esperar los resultados de la investigación. Nuestro rol es recordar y hacer cumplir los protocolos", expresó.
El caso permanece en manos del Ministerio Público, que profundiza las pesquisas para establecer responsabilidades en torno a la muerte de la menor.
Fuente: Diario Libre
