La Declaración de Santo Domingo impulsa acciones concretas para una justicia transparente, digital, inclusiva y garante de derechos humanos en Iberoamérica
La Asamblea Plenaria de la XXII edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana concluyó este viernes de manera exitosa, con República Dominicana como país anfitrión. En el encuentro, los poderes judiciales de las naciones participantes firmaron la Declaración de Santo Domingo, un compromiso conjunto para adoptar recomendaciones y acciones que fortalezcan sus sistemas judiciales y promuevan una justicia centrada en las personas.
Entre las acciones acordadas se destacan la incorporación de los productos axiológicos en la planificación estratégica, la actualización del Mapa Judicial Iberoamericano, la innovación tecnológica, la atención al impacto de la inteligencia artificial, el fomento de la cooperación solidaria, la promoción de la educación y capacitación judicial, la garantía de igualdad de género y la defensa de los derechos ambientales.
La Declaración de Santo Domingo invita a los poderes judiciales de la región a asumir estos principios e integrarlos en sus procesos de gestión y planificación, con el fin de fortalecer el Estado democrático de derecho y construir una justicia accesible, eficiente y sensible a las necesidades ciudadanas.
Asimismo, plantea que la cooperación y una metodología orientada a resultados permitirán consolidar una justicia iberoamericana modelo de transparencia, excelencia y respeto a los derechos humanos.
Este documento representa un llamado a la acción transformadora y a redoblar esfuerzos para fortalecer la democracia y el Estado de derecho en un contexto donde diversas instituciones enfrentan cuestionamientos que amenazan los avances históricos alcanzados por los pueblos iberoamericanos.
“La Declaración es también una promesa de que los poderes judiciales trabajarán sin descanso para construir una justicia cercana, que respete las libertades, proteja la igualdad, promueva la equidad sustantiva y procesal, fomente la solidaridad y honre la dignidad de cada persona”, señala el documento, firmado electrónicamente por los presidentes de las Supremas Cortes de Justicia y Consejos de la Judicatura de la región.
Los países firmantes reafirmaron su creencia en la justicia como herramienta de transformación social y ambiental, como espacio de reconciliación, y como motor de una convivencia duradera. También se comprometieron a actuar con ética, visión y compromiso, para consolidar poderes judiciales que sean faro de esperanza, confianza, excelencia y garantía de derechos para las generaciones presentes y futuras.
Durante el acto de clausura, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana, Henry Molina, destacó que uno de los principales logros de esta edición fue la adopción de la Declaración de Santo Domingo, la cual recoge los acuerdos alcanzados y traza una hoja de ruta compartida hacia una justicia moderna, accesible, eficiente y centrada en la dignidad humana.
“Reafirmamos que la justicia no puede ser un sistema encerrado en sí mismo. Es un pilar fundamental de la democracia y su calidad, cercanía y eficiencia dependen de nuestra capacidad para colaborar, innovar y actuar colectivamente”, expresó Molina.
Al felicitar al equipo técnico y a los organizadores de la cumbre, el magistrado se mostró convencido de que los compromisos adquiridos se traducirán en herramientas prácticas que fortalecerán los poderes judiciales y generarán un impacto real en la vida de quienes buscan justicia cada día.
Países firmantes
Firmaron la Declaración de Santo Domingo los poderes judiciales de: Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, Uruguay, República Dominicana y Venezuela.
Sobre la Cumbre
La Cumbre Judicial Iberoamericana es una organización que promueve la cooperación entre los sistemas judiciales de 23 países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Reúne en un solo foro a los líderes de las Supremas Cortes de Justicia y los Consejos de la Judicatura.
El lema de esta XXII edición fue “Justicia al día para garantizar la dignidad de las personas”, sustentado en tres ejes estratégicos:
- Justicia oportuna, sin mora
- Justicia inclusiva, con acceso universal
- Justicia confiable, basada en la transparencia
