Puerto Plata, República Dominicana. — Una multitudinaria marcha recorrió este miércoles las calles de Puerto Plata en abierta oposición al Decreto 162-25, que establece el fideicomiso para la gestión del Teleférico de esta ciudad turística del norte dominicano.
Convocados por organizaciones sociales, gremios de transporte y representantes comunitarios, los manifestantes partieron desde la Plaza Independencia hasta la sede de la Gobernación Provincial, donde entregaron un documento exigiendo la derogación inmediata del decreto presidencial.
Luis Bencosme, dirigente de una federación de transporte local, fue enfático: “No descansaremos hasta que este fideicomiso sea eliminado. La población no ha sido tomada en cuenta y eso es inaceptable”. Bencosme también criticó un encuentro reciente liderado por el ministro de Turismo, David Collado, donde —según dijo— solo participaron cuatro personas, lo que a su juicio demuestra la falta de voluntad del Gobierno para dialogar con la ciudadanía.
El teleférico, uno de los íconos turísticos de la región, lleva más de un año fuera de servicio. Su cierre ha generado preocupación entre comerciantes, transportistas y líderes comunitarios que ven en el fideicomiso una amenaza a la transparencia y al control local de un patrimonio público.
Mientras tanto, otros sectores han optado por una postura distinta. La Federación de Comerciantes del Norte (FEDANORTE) y la Asociación de Vendedores del Teleférico firmaron un acuerdo con el Ministerio de Turismo comprometiéndose a no continuar con las protestas. Sin embargo, su decisión ha sido rechazada por otras organizaciones, que la consideran prematura y desinformada.
Patricia Reyes Marmolejos, una de las voceras de la marcha, expresó su frustración ante lo que llamó “una estrategia gubernamental de fragmentación”: “Las autoridades solo se comunican con pequeños grupos, no con la comunidad entera. Hoy defienden el fideicomiso y mañana dicen que lo están evaluando. ¿A quién debemos creer?”
Los organizadores aseguraron que están explorando vías legales para detener la implementación del fideicomiso, el cual consideran contrario a los intereses del pueblo puertoplateño. La tensión sigue creciendo mientras los ciudadanos esperan una respuesta clara y definitiva por parte del Gobierno.
