Por Alfredo Cruz Polanco
Hace varias semanas, el ministro de Agricultura de la República Dominicana, Limber Cruz, informó que el gobierno había aprobado de manera provisional unos 15 mil permisos de trabajo para haitianos indocumentados, de un total de 100 mil solicitudes recibidas. Desde nuestra perspectiva, esta medida pone en riesgo los esfuerzos encabezados por el presidente de la República, Luis Abinader, junto a los expresidentes Leonel Fernández, Danilo Medina e Hipólito Mejía, así como con representantes de diversos sectores económicos, políticos y sociales, en el marco del diálogo que se desarrolla en el Consejo Económico y Social (CES).
Resulta incoherente que, mientras en este importante espacio se discuten y aprueban medidas para enfrentar la creciente inmigración irregular desde Haití, el gobierno tome decisiones unilaterales que contradicen dicho proceso de concertación.
El diálogo en el CES busca alcanzar un consenso sobre cómo abordar los desafíos generados por el flujo constante de haitianos indocumentados, consecuencia directa de la crisis política, económica y social que atraviesa el vecino país. Sin embargo, el propio ministro Cruz anunció que próximamente se aprobarán nuevos permisos laborales para trabajadores en la agricultura (especialmente en arroz y plátanos), la avicultura y el sector construcción.
Esta decisión, en el actual contexto, resulta profundamente preocupante para el país y para el fortalecimiento de nuestra democracia. En momentos en que se han logrado importantes coincidencias y unificación de criterios sobre la necesidad de hallar soluciones responsables ante la crisis haitiana, el otorgamiento masivo de permisos puede socavar esos avances. Además, ocurre en medio de cuestionamientos y señalamientos por parte de organismos internacionales como Amnistía Internacional, ACNUR y otros sectores de la comunidad internacional, que critican al Estado dominicano sin tener en cuenta su propio silencio histórico frente a la tragedia haitiana.
El ministro Cruz ha justificado esta medida alegando que “la agricultura no puede esperar” y que sin la mano de obra haitiana indocumentada se vería paralizada la producción y la ejecución de obras públicas. Sin embargo, también ha reconocido que en sus propias fincas emplea a una cantidad significativa de estos trabajadores, práctica que comparten otros funcionarios públicos.
Lo preocupante es que en ningún momento se plantea exigir a los empleadores que asuman plenamente su responsabilidad legal frente a estos trabajadores. Deberían garantizar condiciones dignas, incluyendo el pago de prestaciones laborales, afiliación a la seguridad social, acceso a vivienda, atención médica, gastos por maternidad, alimentación, educación para los hijos, y el pago de impuestos, obligaciones que históricamente han recaído sobre el Estado dominicano.
La regularización masiva de indocumentados podría incentivar aún más la migración ilegal hacia nuestro país, agravando una situación fronteriza ya marcada por la vulnerabilidad y la corrupción. Gran parte del presupuesto nacional se desvía para cubrir servicios de salud, seguridad ciudadana, maternidad y educación para esta población, en detrimento de las necesidades de los ciudadanos dominicanos.
Además, la mano de obra haitiana indocumentada es frecuentemente preferida sobre la dominicana debido a la evasión de responsabilidades legales por parte de los empleadores. No se cumplen las obligaciones laborales, fiscales ni lo estipulado por el artículo 135 del Código de Trabajo, que exige que al menos el 80 % de los trabajadores contratados sean dominicanos.
A esto se suma que muchos de estos trabajadores migran acompañados de sus familias, lo que supone una carga adicional para los servicios públicos dominicanos, especialmente en áreas como la salud materna y la educación.
Frente a esta realidad, el presidente Abinader y su gabinete deben adoptar una postura clara, firme y coherente. No es aceptable mantener un doble discurso: defender la soberanía nacional y rechazar la inmigración ilegal por un lado, y al mismo tiempo ceder ante los intereses de sectores productivos que se benefician de prácticas que socavan nuestras leyes y nuestro bienestar colectivo.
