Por Alfredo Cruz Polanco
En la provincia de La Vega, República Dominicana, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) están obstaculizando de manera significativa el desarrollo y el crecimiento económico de esta demarcación.
En el caso del Ministerio de Medio Ambiente, la situación se agrava por la actitud desenfrenada, agresiva y abusiva, así como por el autoritarismo, la prepotencia, la arrogancia y la imprudencia del actual director provincial, el señor Claudio Antonio Ruiz Florentino, hacia profesionales de la ingeniería, la arquitectura y representantes de empresas constructoras de viviendas y urbanizaciones.
Según denuncian los afectados, el funcionario mantiene al sector en un estado de permanente zozobra al presentarse en las obras acompañado de una parafernalia de militares fuertemente armados, con amenazas de paralizar o incluso destruir los proyectos, aun cuando estos cuentan con todos los permisos exigidos por la ley: los del propio Ministerio de Medio Ambiente, el Ayuntamiento de La Vega, el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) y, de manera especial, el del Ministerio de Viviendas y Edificaciones (MIVED). No obstante, los acusa de haber obtenido dichas autorizaciones de forma irregular.
El pasado jueves, en las instalaciones de la Regional Norcentral del CODIA en La Vega, se celebró un importante encuentro de profesionales y representantes del sector construcción, con la presencia del ministro de Medio Ambiente, señor Armando Paíno Henríquez, y del director provincial. En dicha reunión se expusieron de manera directa todas las quejas y los maltratos de los que han sido víctimas los profesionales del área, quienes solicitaron de forma expresa la remoción inmediata del actual director provincial de Medio Ambiente.
Esta situación ha provocado una preocupante parálisis del sector de la construcción en la provincia, uno de los pilares más dinámicos de su economía. Como consecuencia, las ventas de viviendas han caído de manera significativa, afectando el desarrollo económico y financiero de La Vega. Ante este panorama, los asistentes acordaron remitir una comunicación urgente al presidente de la República, Luis Abinader, firmada por todos los presentes, solicitando su intervención para resolver esta crisis.
Resulta lamentable y penoso que el liderazgo local, la dirigencia política del partido oficialista y los altos funcionarios del Gobierno en la provincia, aun teniendo pleno conocimiento de la gravedad de la situación generada por el director provincial de Medio Ambiente, no hayan informado oportunamente al presidente de la República.
Por otro lado, la agencia local de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) en La Vega, pese a proyectar una imagen institucional de cercanía con el contribuyente, en la práctica se ha convertido en un obstáculo para el desarrollo económico provincial. En lugar de facilitar soluciones, impone trabas y dificultades que afectan directamente a los ciudadanos y a las empresas.
Actualmente, las instituciones financieras y crediticias enfrentan serios inconvenientes con la DGII debido a la tardanza en la aprobación y el registro de las hipotecas de los inmuebles utilizados como garantías de préstamos. Estos procesos, que deberían ser ágiles, están tardando entre 15 días y un mes, e incluso más.
En el caso de los impuestos sucesorales, a pesar del interés manifiesto de los contribuyentes en cumplir con sus obligaciones fiscales, la DGII impone múltiples obstáculos para investigar, tasar y estimar los montos a pagar, alegando escasez de personal. Esto resulta cuestionable, tomando en cuenta que se trata de la institución que mayores recursos genera al Estado dominicano y que, aun así, carece del personal necesario para atender adecuadamente las demandas ciudadanas.
Una simple solicitud de certificación original del Pliego de Modificaciones sobre el pago de impuestos sucesorales —documento indispensable para un proceso de determinación de herederos con partición— puede tardar más de seis meses en ser emitida. La razón es la falta de personal para gestionar expedientes archivados fuera de la institución, lo que paraliza por completo los procesos legales y económicos relacionados.
La constante justificación de la falta de colaboradores evidencia una clara deficiencia de gerencia y dirección administrativa. No se concibe que una institución como la DGII, en una época en la que la tecnología y la inteligencia artificial desempeñan un papel fundamental, no cuente con los avances tecnológicos ni con el personal calificado y suficiente para responder en tiempo real a las solicitudes de los contribuyentes.
En muchas ocasiones, la agencia local dispone de un solo cajero para atender a decenas de usuarios, provocando largas filas, pérdida de tiempo y perjuicios económicos. La eficiencia, la eficacia y la calidad de los servicios en una institución pública se miden por la rapidez y la oportunidad con que se ofrece la información y se resuelven los trámites.
Paradójicamente, este es uno de los pocos países donde, aun siendo necesario aumentar las recaudaciones fiscales, los contribuyentes deben insistir, perder tiempo e incluso rogar para poder pagar sus impuestos. En no pocas ocasiones, terminan pagando recargos por retrasos involuntarios ocasionados por las propias deficiencias de la institución recaudadora.
Con instituciones que operan de esta manera, resulta imposible que un país alcance un crecimiento y un desarrollo económico sostenidos.
