En la madrugada del sábado 3 de enero del presente año, los Estados Unidos llevaron a cabo ataques con misiles contra varios puntos estratégicos de la República Bolivariana de Venezuela y, según las primeras informaciones, secuestraron al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, trasladándolos a un lugar en territorio estadounidense hasta ahora desconocido.
El argumento que se ha difundido como pretexto de esta acción es la supuesta persecución de grandes cargamentos de drogas que, según esa versión, salen de Venezuela con la presunta implicación del presidente Maduro. Sin embargo, pocos creen en esa explicación: no hace falta ser experto en geopolítica para intuir que hay otros intereses reales en juego. Lo que realmente está en disputa son las vastas riquezas y los recursos naturales de ese país —sus enormes reservas petroleras, el oro, el hierro y las llamadas tierras raras, ricas en minerales esenciales para la industria de alta tecnología—, recursos codiciados por actores económicos y políticos internacionales.
Esta invasión constituye, además de una flagrante violación de la soberanía venezolana, un incumplimiento de los principios de no intervención y del derecho a la autodeterminación de los pueblos. Sus consecuencias políticas y diplomáticas serán graves tanto para los países del área caribeña como para los propios Estados Unidos y para el presidente Donald Trump: el mundo ya no es unipolar y existen otras potencias con intereses contrapuestos que no permanecerán impasibles ante actos de esta naturaleza.
Podemos discrepar profundamente del gobierno de Nicolás Maduro por sus errores y políticas; no obstante, sólo el pueblo venezolano tiene el derecho —y la libertad— de decidir su destino político, económico y social. Ninguna nación, por poderosa que sea, tiene legitimidad para vulnerar la soberanía y la constitución de otro país ni para imponer su voluntad con el objetivo de apropiarse de recursos o de instalar gobiernos serviles a sus intereses.
En ese sentido, resulta inaceptable la actuación de los Estados Unidos y de su presidente al pretender erigirse en árbitros absolutos del orden mundial, interveniendo e imponiendo regímenes afines a sus objetivos económicos y geopolíticos.
El gobierno de la República Dominicana, encabezado por el presidente Luis Abinader Corona, comparte responsabilidad política en este atropello si, como se informa, ha facilitado el uso de aeropuertos nacionales —entre ellos el Aeropuerto Internacional de Las Américas Dr. José Francisco Peña Gómez y la Base Aérea de San Isidro— para operaciones militares estadounidenses que buscan presionar, amenazar e intervenir en países hermanos, como Venezuela. Nuestro país no debe prestar apoyo ni participar en maniobras que legitimen la agresión contra naciones vecinas bajo pretextos falaces.
La República Dominicana conoce por experiencia propia los costos de la injerencia externa: entre 1916 y 1924 nuestras aduanas fueron intervenidas por Estados Unidos con el propósito, entre otros, de saldar deudas; y en abril de 1965 se repitió la intervención para aplastar el levantamiento cívico-militar que pretendía restaurar el gobierno legítimo del presidente Juan Bosch Gaviño, derrocado el 25 de septiembre de 1963. Estas intervenciones dejaron lecciones dolorosas sobre la pérdida de soberanía y autonomía nacional.
No es nuevo que Estados Unidos haya apoyado o tolerado dictaduras en distintos países de América y el Caribe cuando ello favorecía sus intereses económicos y de control estratégico, valiéndose de sus empresas multinacionales para explotar recursos valiosos.
Por todo lo anterior, condenamos enérgicamente la invasión armada de los Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela. La acción constituye una vulgar injerencia y una violación del derecho de los pueblos a su libre autodeterminación.
