La Vega, República Dominicana — En una decisión que ha encendido el debate sobre la eficiencia del sistema judicial dominicano, el Primer Tribunal Colegiado de La Vega declaró extinguida la acción penal contra Miguel Arturo López Florencio —conocido como “Micky López”— y varios miembros de su familia, quienes enfrentaban cargos por lavado de activos provenientes del narcotráfico.
El Ministerio Público no tardó en reaccionar. Horas después del fallo, presentó una apelación en busca de revertir la decisión, que ha sido descrita por la defensa como “ajustada a derecho” pero por los acusadores como un duro revés para la lucha contra el crimen financiero.
El tribunal alegó una “dilación procesal excesiva” a lo largo de más de cinco años, atribuible exclusivamente al Ministerio Público y a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Según el dictamen judicial, dicha inactividad fue determinante para extinguir el caso.
Esteban Pérez, abogado de la familia López, sostuvo que el Ministerio Público fue el principal responsable de entorpecer el avance del proceso judicial. "No se trata de una simple demora", dijo Pérez. "Estamos hablando de múltiples aplazamientos solicitados por los fiscales, cuatro recusaciones de jueces, una inhibición y una solicitud de declinatoria que tardó cerca de seis meses en ser resuelta por la Suprema Corte."
El jurista también denunció que el Ministerio Público solicitó dos prórrogas para completar la investigación, cuando la ley sólo permite una. A su juicio, la jueza que presidió el tribunal fundamentó claramente la procedencia de la extinción de la acción penal.
Iniciado formalmente el 29 de junio de 2020, el proceso contra Micky López y sus allegados apenas había entrado en la fase de juicio de fondo al momento del fallo, emitido en abril de este año. Para el tribunal, esa inactividad no podía atribuirse a la defensa, sino a una falta de diligencia institucional.
El expediente involucra a los hijos de López —José Miguel López Pilarte y Miguel Arturo López Pilarte—, así como a su cuñada, Ada Marie Pilarte. Todos fueron señalados por el Ministerio Público de haber realizado movimientos financieros por miles de millones de pesos sin justificación lícita.
Hasta el momento, no se ha fijado la fecha para conocer la audiencia de apelación. Sin embargo, la defensa confía en que la Corte de Apelación ratificará el fallo. “No fue una decisión tomada a la ligera”, aseguró Pérez.
Mientras tanto, el caso se suma a la creciente lista de procesos de alto perfil en la República Dominicana que han terminado sin sanciones, alimentando dudas sobre la capacidad del Estado para procesar efectivamente delitos complejos relacionados con el lavado de dinero y el narcotráfico.
