Por Rafael Baldayac
Santo Domingo, República Dominicana.– La justicia en la República Dominicana atraviesa una profunda crisis estructural. Un sistema penal colapsado, leyes obsoletas, prácticas judiciales desiguales, deficiente reinserción social, condiciones sanitarias precarias en los centros penitenciarios, y una visión excluyente que deja fuera a las víctimas y a los actores sociales fundamentales, conforman el panorama actual.
Este 17 de julio, cuando el mundo conmemora el Día Mundial de la Justicia Internacional, estas debilidades cobran mayor relevancia. La fecha invita a reflexionar sobre el valor de la justicia como principio ético, moral y legal, esencial para la convivencia pacífica, el orden social y la defensa de los derechos humanos.
En su dimensión filosófica, la justicia se vincula con la virtud de actuar con rectitud y equidad, promoviendo el bien común. En el ámbito jurídico, supone la aplicación imparcial de las leyes para resolver conflictos y proteger a los ciudadanos. Socialmente, está asociada con la igualdad de oportunidades, la inclusión y la lucha contra la discriminación.
A lo largo de la historia, el concepto de justicia ha evolucionado influido por culturas, religiones y sistemas políticos, hasta llegar a ser considerado un derecho universal. De ahí que, cada 17 de julio, se recuerde la necesidad de garantizar que los crímenes graves y las violaciones de derechos humanos no queden impunes.
Esta conmemoración fue establecida en 1998 tras la aprobación del Estatuto de Roma por 120 Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), lo que permitió la creación de la Corte Penal Internacional (CPI). Este tribunal permanente e independiente tiene la misión de juzgar a individuos acusados de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y actos de agresión.
La justicia internacional es reflejo del compromiso global con la defensa de la dignidad humana, la paz y la reconciliación. Además, promueve la justicia social, que apunta a corregir desigualdades estructurales y asegurar el acceso equitativo a recursos y oportunidades.
En el contexto dominicano, un panel de expertos analizó sin ambages las injusticias sistemáticas que afectan al sistema penal nacional, regido por normativas como la Constitución de la República, la Ley Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, el Código Penal y el Código Procesal Penal. Entre los principales desafíos figuran el uso excesivo de la prisión preventiva, las limitaciones en el acceso a la justicia y la urgente necesidad de reformas legislativas.
Actualmente, se espera que el Congreso Nacional apruebe en segunda lectura la modificación del Código Procesal Penal, a fin de adaptarlo a las exigencias contemporáneas y garantizar mayor eficiencia y equidad en la administración de justicia.
Frente a la imperfección del sistema humano, muchos recurren a una dimensión más elevada: la justicia divina. Atribuida a la naturaleza misma de Dios, esta forma de justicia se caracteriza por su perfección, imparcialidad, fidelidad y misericordia. A diferencia de la justicia terrenal, limitada por intereses o errores humanos, la justicia de Dios busca restaurar el orden moral y espiritual.
Las Escrituras definen este principio como esencial para vivir conforme a la voluntad divina. Pasajes como Romanos 2:6, Salmo 33:5, Mateo 5:6, Isaías 62:8 y Miqueas 6:8 invitan a actuar con integridad, defender al oprimido y confiar en que, incluso en medio de un mundo injusto, la justicia de Dios permanece intacta.
