Tribunal impone coerción a implicados en estafa por proyecto “Paraíso Dorado”, tras confirmarse falsificación de documentos ante el Inacif.
Por John Santos
PUERTO PLATA, República Dominicana — Un tribunal de esta ciudad costera impuso medidas de coerción contra tres personas implicadas en un presunto esquema de fraude y falsificación de documentos relacionado con el fallido proyecto habitacional “Paraíso Dorado”, que prometía transformar el panorama inmobiliario de Puerto Plata.
La jueza Rosalba Francisco Parra, del Juzgado de la Instrucción de Puerto Plata, dictó el pago de un millón de pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país contra el ciudadano español Jesús Aldea Abián, el abogado Pedro Pablo Pérez y su esposa, Griselda Antonia Calderón Taveras.
La medida judicial se produjo tras la presentación de pruebas por parte del Ministerio Público, que sustenta la acusación en la denuncia interpuesta por Dámaso Medrano Reyes. Según la querella, su firma fue falsificada en un poder general que otorgaba amplias facultades a su entonces socio, Jesús Aldea Abián, para actuar en su nombre dentro del mencionado proyecto inmobiliario.
Ese poder, que fue legalizado por el notario Rodolfo Morales Almonte, fue posteriormente remitido al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), cuyo informe pericial —certificado No. DRN-075-2025, fechado el 26 de junio de 2025— concluyó que la firma en cuestión no pertenece al señor Medrano Reyes. Esta certificación validó de forma concluyente la denuncia por falsificación.
Según las investigaciones, los documentos fraudulentos habrían sido utilizados para desviar fondos aportados por inversionistas hacia dos compañías, Guztrade SRL y Condular SRL, creadas junto a los también imputados Pérez y Calderón. A pesar de las sumas millonarias recibidas, el proyecto “Paraíso Dorado”, que debía construirse en el municipio de Puerto Plata, jamás fue iniciado.
La fiscal litigante Massiel Peña presentó en audiencia los elementos probatorios que llevaron a la imposición de las medidas restrictivas. Mientras tanto, la fiscal investigadora Rosalía Vargas Gómez continúa profundizando las indagaciones para determinar el alcance total del supuesto fraude.
De manera preliminar, el caso ha sido calificado jurídicamente como violación a los artículos 145, 146, 147, 148, 150, 151, 265, 266 y 408 del Código Penal dominicano, referentes a falsificación de documentos públicos, estafa y asociación de malhechores.
La investigación sigue abierta, y las autoridades no descartan la posibilidad de nuevos imputados o cargos adicionales en lo que podría convertirse en uno de los escándalos financieros más notorios en la historia reciente de Puerto Plata.
