Por Alfredo Cruz Polanco
La Vega, República Dominicana. — La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) anunció que en abril alcanzó por primera vez una recaudación superior a los 100 mil millones de pesos, cifra que representa un récord histórico para la institución y equivale al 82.4% de los ingresos fiscales del Estado. Según su director general, este logro se debe a la eficiencia con la que se ha venido gestionando la entidad.
Sin embargo, a pesar del discurso institucional que promueve una imagen de cercanía al contribuyente y altos estándares de calidad e innovación tecnológica, en la práctica la DGII se ha convertido, para muchos sectores, en un obstáculo más que en una solución. La entidad es señalada por imponer trabas innecesarias que dificultan el desarrollo económico del país.
Actualmente, instituciones financieras y crediticias enfrentan serios problemas operativos debido a la lentitud de la DGII en aprobar y registrar las hipotecas de inmuebles ofrecidos como garantía de préstamos. Estos procesos, que deberían ser ágiles, llegan a tardar un mes o más, afectando directamente la fluidez del sistema financiero.
En lo que respecta a los impuestos sucesorales, los contribuyentes —aun con disposición de cumplir— encuentran múltiples trabas burocráticas. La institución alega escasez de personal para justificar la demora en la investigación, tasación y estimación del monto a pagar, lo cual resulta contradictorio, dado que se trata del organismo que más recursos genera al Estado dominicano.
El haber alcanzado una cifra récord de recaudación no implica necesariamente una gestión eficiente y oportuna. La DGII ha sido ampliamente criticada por su débil persecución y cobro de la evasión fiscal, especialmente entre los grandes contribuyentes. La propia institución ha admitido que la evasión representa alrededor del 45% del Producto Interno Bruto (PIB), posicionando al país como el tercero con mayor evasión fiscal en América Latina.
Si se lograra reducir significativamente esa evasión, el Estado contaría con mayores recursos para enfrentar la deuda social acumulada y mejorar servicios básicos como la salud, el acceso a agua potable, educación, electricidad, seguridad ciudadana y social, alimentación y vivienda.
La verdadera eficiencia institucional se refleja en la agilidad, calidad y simplificación de los procesos a través del uso adecuado de la tecnología. Paradójicamente, en un país con necesidad urgente de aumentar su presión fiscal, los contribuyentes se ven obligados a insistir, esperar e incluso suplicar para cumplir con sus obligaciones tributarias. En muchos casos, deben pagar recargos por atrasos provocados no por negligencia propia, sino por la ineficiencia del propio sistema recaudador.
