Hace 62 años, Bosch impulsó una reforma penal para modernizar el país, pero el golpe de Estado frustró esa visión progresista.
Por Alfredo Cruz Polanco
A pocas semanas de haber sido juramentado como presidente constitucional de la República Dominicana, el 27 de febrero de 1963, tras obtener cerca del 60 % de los votos en las primeras elecciones democráticas celebradas el 20 de diciembre de 1962, Juan Bosch mostró un firme interés en dotar al país de un nuevo Código Penal.
El Código vigente en ese momento —inspirado en el modelo napoleónico y con casi dos siglos de antigüedad— era considerado una traba para el desarrollo institucional, político, económico y social del país. Bosch entendía que era urgente su sustitución por una legislación moderna y adecuada a las realidades dominicanas.
Por esta razón, el presidente envió una comunicación al entonces presidente del Senado, Dr. Juan Casanova Garrido, en la que solicitaba la tramitación con carácter de urgencia de un proyecto de ley para aprobar un nuevo Código Penal. Una copia de esa misiva se conserva en el Archivo General de la Nación (AGN).
Estas y otras iniciativas del presidente Bosch han sido documentadas en sus discursos pronunciados desde el Palacio Nacional, recopilados por el cineasta, escritor e historiador dominicano René Fortunato, recientemente fallecido.
Han pasado ya 62 años desde aquella propuesta. Lamentablemente, el ambicioso proyecto de nación que representaba dicho Código Penal nunca fue aprobado ni siquiera sometido al Congreso. Al igual que la Constitución de 1963 —la más avanzada, liberal y progresista que haya tenido el país, con un fuerte enfoque en la justicia social—, el nuevo código fue rechazado por los sectores conservadores que dominaban la vida política y económica de la época.
Ambas iniciativas fueron abruptamente interrumpidas tras el golpe de Estado del 25 de septiembre de 1963, ejecutado por la cúpula militar, la oligarquía empresarial, la jerarquía de la Iglesia católica, la Unión Cívica Nacional y la Embajada de los Estados Unidos.
De haberse aprobado aquel Código Penal, es probable que la República Dominicana hubiera seguido un rumbo distinto. El país habría logrado mayores niveles de desarrollo económico, político e institucional. Se habría combatido con mayor eficacia la criminalidad, la corrupción —tanto pública como privada—, el narcotráfico y el enriquecimiento ilícito. Además, los tres poderes del Estado y los gobiernos locales se habrían fortalecido. Los recursos públicos habrían sido mejor invertidos en servicios esenciales como la educación, la salud, la electricidad, el agua potable y la seguridad.
En contraste, tras dos décadas de debates estériles en el Congreso, hoy se intenta aprobar a toda prisa un nuevo Código Penal que no responde a las verdaderas necesidades del país, sino a los intereses de los grupos de poder que históricamente se han beneficiado del saqueo de los fondos públicos. Incluso muchos legisladores reconocen que el proyecto actual tendrá que ser modificado en el corto plazo, bajo el manido argumento de que se aprueba “la ley posible, no la deseada”.
La corrupción, los antivalores y los intereses particulares han permeado el Congreso Nacional, impidiendo reformas de fondo. Son los mismos sectores que se opusieron al gobierno de Juan Bosch y que orquestaron su caída para evitar la aplicación de la Constitución del 63 y la aprobación del nuevo Código Penal.
De haberse implementado el modelo propuesto por Bosch —caracterizado por su honestidad, transparencia e intolerancia frente a la corrupción—, el país habría contado con un régimen de consecuencias real. La justicia habría sido una herramienta transformadora, como ocurrió en Costa Rica bajo el liderazgo de José Figueres y otros mandatarios de la época.
El golpe de Estado de 1963 representó un retroceso de más de medio siglo en el desarrollo económico, político, social e institucional de la República Dominicana. El país aún arrastra las consecuencias de haber sepultado una de sus más prometedoras oportunidades de cambio.
