Por Julio César García Mazara
En una democracia, el poder debe tener límites. Cuando esos límites son cruzados, guardar silencio es convertirse en cómplice. Hoy, la figura del General de Brigada Eddy Pérez Peralta, director regional de la Policía Nacional en Santo Domingo Este, emerge como símbolo del abuso de autoridad, la impunidad y el deterioro institucional.
Desde su nombramiento en octubre de 2022, este oficial ha protagonizado una serie de episodios que avergüenzan el uniforme que lleva y atropellan el espíritu de la Constitución. Su comportamiento, documentado y denunciado en múltiples ocasiones, ha afectado no solo a ciudadanos comunes, sino que ha llegado incluso a vulnerar a instituciones del Estado.
Uno de los incidentes más recientes ocurrió durante la cobertura periodística de una tragedia en la discoteca Jet Set. En un video ampliamente difundido, se observa cómo el general ordena de forma agresiva el retiro de la periodista Karilyn Cuevas, quien realizaba una transmisión en vivo. Se le ve siendo halada del brazo y sacada de un área que ni siquiera formaba parte de la escena del hecho. Este acto no solo fue injustificable, sino que también representa una grave amenaza a la libertad de prensa. La prensa no es enemiga del orden; su misión es informar.
Pero este caso no es una excepción. En distintos operativos en Santo Domingo Este, el general Pérez Peralta ha liderado allanamientos sin orden judicial, confiscando bocinas y vehículos en franca violación al derecho de propiedad y a la inviolabilidad del domicilio. ¿Desde cuándo combatir el ruido justifica la ilegalidad?
Más preocupante aún es su reiterada actitud de desacato a las autoridades judiciales. Ha irrespetado a fiscales, amenazado a periodistas y abogados, y hasta ha tenido que ser contenido para evitar una tragedia. En marzo, en el destacamento de Villa Duarte, se enfrentó al fiscal Nelson Beltré con una violencia verbal tan extrema que, según testigos, sus palabras contra el Ministerio Público resultan impublicables.
En otro caso, ignoró una orden de arresto emitida por la fiscal titular de Valverde, Sonia Espejo, quien se vio obligada a solicitar apoyo del Ejército Nacional para hacer valer su autoridad. ¿Qué mensaje se transmite cuando un alto oficial de la Policía puede desobedecer al Ministerio Público con total impunidad?
Estos comportamientos evocan épocas oscuras, cuando el poder militar se imponía por encima de la ley. Pareciera que el trujillismo no desapareció del todo, y hoy se manifiesta con nuevos rostros. En Mao, Valverde, Pérez Peralta también fue denunciado por encubrir a agentes que agredieron brutalmente a un ciudadano, y por reiterados desacatos a los órganos judiciales.
¿Hasta cuándo lo permitiremos?
La Constitución es clara. El artículo 255 establece que la Policía Nacional debe ser obediente al poder civil, apolítica y sin facultad deliberativa. El artículo 93 impone a sus agentes la obligación de cumplir de inmediato las órdenes del Ministerio Público. No hay margen para la interpretación. Mucho menos para la arrogancia.
Desde esta tribuna, exigimos la intervención inmediata del presidente Luis Abinader, así como la atención del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el Congreso Nacional. El general Eddy Pérez Peralta debe ser interpelado e investigado por sus acciones.
No podemos hablar de reforma policial mientras existan oficiales que actúan como caudillos, desconociendo la jerarquía civil y despreciando la autoridad judicial. No hay Estado de derecho si la ley se aplica selectivamente, mientras otros la pisotean sin consecuencias.
Señor presidente, ha llegado el momento de actuar. No somos enemigos del orden. Somos defensores de la democracia. Lo que está en juego aquí no es solo la imagen de una institución: es el alma misma de la República Dominicana.
