La participación ciudadana se consolida como pilar esencial del sistema de control público y garante del uso transparente de los recursos del Estado.
Por Alfredo Cruz Polanco
El control social, junto al control interno, ejercido por la Contraloría General de la República; el control externo, a cargo de la Cámara de Cuentas; y el control político, que corresponde al Congreso Nacional, conforman el Sistema Nacional de Control establecido por la Constitución de la República. Estos cuatro mecanismos están estrechamente relacionados entre sí y cumplen funciones complementarias en la vigilancia del manejo de los recursos públicos.
De todos ellos, el primero —el control social, ejercido por la sociedad civil organizada— es el que está llamado a ser más efectivo y oportuno, pues los distintos sectores que lo integran se mantienen en constante observación y desempeñan un papel activo como veedores sociales del destino que las instituciones dan a los fondos públicos. Su accionar se manifiesta a través de la observación, la investigación y la denuncia ante los demás órganos de control.
Este tipo de control cumple una función esencial: ser el vigilante permanente de los recursos del Estado. La ciudadanía tiene el legítimo derecho de exigir que dichos recursos sean administrados con eficiencia, eficacia y transparencia. Sin embargo, la debilidad institucional, la falta de cultura de rendición de cuentas y la ausencia de sanciones ejemplares permiten que muchas irregularidades y actos dolosos permanezcan ocultos, de no ser por la labor vigilante de la sociedad civil.
De ahí la urgencia y necesidad de que los demás órganos del sistema de control cumplan fielmente las funciones para las cuales fueron creados. Es preocupante que muchos funcionarios públicos vean con recelo la labor de veeduría ciudadana y, en ocasiones, intenten obstaculizarla o desacreditarla.
En busca de una mayor transparencia y eficiencia en la gestión pública, es fundamental fortalecer cada vez más este tipo de control. En esa dirección, la Cámara de Cuentas ha habilitado un canal donde la ciudadanía puede denunciar fraudes, irregularidades en compras y contrataciones, colusión, corrupción administrativa, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y otros actos que atenten contra la integridad del Estado.
Gracias a sus denuncias —siempre objetivas y fundamentadas— el control social cumple un papel que, con frecuencia, los demás órganos del sistema no ejercen con la debida eficacia. Este mecanismo tiende a fortalecerse, impulsado por el alcance global que ha tomado la corrupción, tanto pública como privada. Los recursos del Estado provienen de los impuestos de los ciudadanos, por lo que rendir cuentas no es una opción, sino una obligación.
A los gobernantes de todas las naciones les conviene una sociedad organizada, empoderada y consciente de su rol, ya que así los recursos estarán mejor vigilados y la ejecución presupuestaria se traducirá en mejores servicios públicos para la población.
Quienes dudan del poder del control social deberían mirar el ejemplo de Guatemala, donde tanto el expresidente como la exvicepresidenta guardan prisión por el uso indebido de fondos públicos, tras denuncias sólidas de la sociedad civil. Casos similares se observan en Brasil, Chile, Perú, Colombia y Ecuador.
En la República Dominicana, los recientes escándalos de corrupción, como los del Seguro Nacional de Salud (Senasa), el entramado encabezado por Maxy Montilla en Edenorte, Edesur y Edeeste, y otros aún pendientes de judicialización, han salido a la luz gracias a la vigilancia y las denuncias del control social.
Ojalá que cada órgano que integra el Sistema Nacional de Control cumpla su verdadero papel, para bien de la nación y para que se aplique un auténtico régimen de consecuencias contra quienes desvían o se apropian de los recursos públicos.
Ese es el anhelo de toda la sociedad dominicana.
¡Que así sea!
