El nuevo escándalo de corrupción en el seguro estatal revela la impunidad que sigue carcomiendo las instituciones dominicanas y la confianza ciudadana.
Por Alfredo Cruz Polanco
En todas las gestiones gubernamentales de nuestro país se han cometido graves actos de corrupción, muchas veces en complicidad con empresarios privados. Estos hechos han superado con creces nuestra capacidad de asombro. La recurrencia de tales prácticas, que desvían los recursos públicos de sus fines esenciales, tiene su origen en la impunidad y la permisividad institucional, producto de la ausencia de un régimen de consecuencias reales para quienes delinquen desde el poder.
Hoy, cuando la República Dominicana enfrenta una profunda crisis económica, con una deuda social acumulada, servicios públicos deficientes —salud, educación, energía, agua potable, seguridad social y ciudadana—, precios de los alimentos por las nubes y una deuda externa agobiante, el escándalo de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (SENASA) se convierte en la gota que colma la copa. Este nuevo fraude ha generado indignación, desaliento e incertidumbre en una población que ya se siente agotada y traicionada.
El desfalco, estimado en unos veinticinco mil millones de pesos, fue revelado por investigaciones periodísticas tras años de irregularidades. La negativa de clínicas, farmacias y laboratorios a aceptar el seguro por falta de pago era, desde hacía tiempo, un secreto a voces. Pese a ello, tanto el presidente Luis Abinader como el director del SENASA, doctor Santiago Hazim, negaron inicialmente los hechos. Luego minimizaron la situación, hablándose de apenas 41 millones de pesos, hasta que finalmente reconocieron la magnitud del fraude. Hoy, la institución enfrenta una grave crisis financiera, con un déficit que ronda los cuatro mil millones de pesos.
Durante su campaña política, el presidente Abinader prometió que su gobierno ampliaría la cobertura del SENASA a más de dos millones de personas. Sin embargo, la corrupción ha hecho trizas esa promesa, dejando al descubierto la fragilidad de las instituciones encargadas de proteger a los más vulnerables.
Lo más doloroso es que los recursos sustraídos, como ha ocurrido tantas veces, serán cubiertos con el dinero de todos: con más impuestos, con servicios públicos precarios, con menos salud, menos educación y menor calidad de vida. Porque cuando se roba desde el Estado, se roba directamente al pueblo.
El fraude habría sido ejecutado mediante un entramado que involucró a altos funcionarios del SENASA y empresarios del sector farmacéutico vinculados al partido oficialista. Se firmaron contratos irregulares y se utilizaron estructuras paralelas, como un “call center” que autorizó miles de procedimientos médicos inexistentes, los cuales fueron cobrados fraudulentamente. A esto se suma el hallazgo de otro escándalo: vacunas del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), transferidas al SENASA por el Ministerio de Salud Pública, fueron reportadas como compras normales, representando millones de pesos desviados.
Ante hechos tan graves, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República y el sistema judicial dominicano no pueden repetir los errores del pasado. No basta con recuperar parte del dinero robado mediante negociaciones a puerta cerrada: es indispensable sancionar con todo el peso de la ley a los responsables. De lo contrario, la justicia seguirá siendo débil y cómplice de la corrupción.
Resulta indignante que, tras ponerse al día con algunos pagos, los abogados del SENASA hayan solicitado el archivo del caso, alegando que los afiliados no fueron perjudicados. Nada más falso y ofensivo. La salud y la vida de millones de dominicanos humildes han sido puestas en riesgo por la avaricia de unos cuantos.
Este no es un delito común: es un crimen de lesa patria, cometido contra los más indefensos. No puede ni debe quedar impune. Con la salud del pueblo no se negocia. El Estado tiene la obligación moral y legal de proteger los recursos destinados a los enfermos, a los ancianos, a los niños y a quienes dependen del sistema público para sobrevivir.
La República Dominicana no soporta un escándalo más. Ni el presidente Abinader ni los aspirantes a dirigir el país pueden continuar ignorando esta realidad. Es hora de romper el ciclo de impunidad que ha degradado la confianza pública y condenado a generaciones enteras a la desesperanza.
¡Basta ya de corrupción! ¡Basta ya de impunidad!
