Lima. – En una sesión de madrugada cargada de tensión política, el Congreso de Perú aprobó la destitución de la presidenta Dina Boluarte, invocando la figura constitucional de “incapacidad moral permanente”. La medida fue respaldada por 122 votos a favor, lo que selló el fin anticipado de su gestión.
La decisión del legislativo se produjo tras un proceso de remoción acelerado, en el que Boluarte había sido citada para presentar su defensa en el hemiciclo. Sin embargo, la mandataria se negó a comparecer alegando que el procedimiento era inconstitucional.
Las mociones de vacancia fueron impulsadas por partidos de derecha y el fujimorismo, que en el pasado habían dado soporte político a Boluarte. La iniciativa surgió de la bancada de Renovación Popular, liderada por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, en medio de la ola de violencia que afecta al país.
El detonante ocurrió la noche del miércoles, cuando la popular agrupación de cumbia Agua Marina fue víctima de un atentado en un recinto militar de Lima, considerado uno de los lugares más seguros de la capital. Varios integrantes de la banda resultaron heridos de bala, un hecho que aumentó la presión política sobre el Gobierno.
Horas después, el Congreso aceleró los trámites y convocó a una sesión plenaria que derivó en la aprobación de las mociones. La destitución se formalizó la madrugada del viernes, apenas seis meses antes de las elecciones programadas para abril de 2026.
Con la vacancia aprobada, el presidente del Congreso, José Jerí, un abogado con una polémica denuncia archivada recientemente, juró como jefe de Estado interino. Será él quien dirija el país hasta los próximos comicios y encabece el relevo presidencial previsto para el 28 de julio.
En su primer discurso, Jerí prometió “instalar un Gobierno de transición basado en la empatía y la reconciliación nacional”, buscando transmitir estabilidad en un país marcado por la inestabilidad política de los últimos años.
Boluarte, convertida en expresidenta de forma inmediata, apareció rodeada de su gabinete en un mensaje televisado en el que defendió su gestión y enumeró lo que consideró sus logros principales. Sin embargo, varias cadenas interrumpieron su discurso para transmitir la juramentación de su sucesor.
En las horas previas a la destitución, circularon rumores sobre una posible renuncia de Boluarte o incluso una solicitud de asilo en algún país latinoamericano. Su abogado se encargó de desmentir estas versiones públicamente a través de las redes sociales.
La caída de Boluarte se enmarca en la profunda crisis institucional que vive Perú desde hace varios años, con sucesivas destituciones y renuncias presidenciales que reflejan la fragilidad de su sistema político.
Analistas locales subrayan que el Congreso volvió a demostrar su poder en un contexto de descontento social y violencia creciente. La vacancia por “incapacidad moral permanente” ha sido una herramienta recurrente para remover mandatarios en la última década.
La figura de José Jerí, ahora presidente interino, despierta escepticismo en ciertos sectores, aunque su designación se ajusta a la normativa constitucional. Sus primeras semanas al frente del Ejecutivo serán clave para medir la viabilidad de su promesa de reconciliación.
Mientras tanto, la sociedad peruana enfrenta un clima de incertidumbre, con una agenda marcada por la inseguridad, la crisis económica y la inestabilidad institucional. Los próximos meses serán decisivos para definir el rumbo político de cara a 2026.
La destitución de Dina Boluarte se convierte así en un nuevo capítulo de la convulsionada historia política reciente del Perú, donde las fracturas entre el Congreso y el Ejecutivo han llevado al país a una sucesión de gobiernos breves e inestables.
