Por Alfredo Cruz Polanco
La República Dominicana y los Estados Unidos de América firmaron un acuerdo bilateral para enfrentar el tráfico de drogas que llega a nuestro territorio, aunque su principal destino es el propio Estados Unidos. Este tipo de convenio suele considerarse normal entre países socios que mantienen vínculos comerciales y diplomáticos.
Sin embargo, lo que resulta anormal, ilegítimo y claramente inconstitucional es ceder nuestros principales aeropuertos —el Internacional de Las Américas Dr. José Francisco Peña Gómez y la Base Aérea de San Isidro— para que Estados Unidos realice desde aquí operaciones militares con fines geopolíticos. Bajo el pretexto de persecución al narcotráfico, dichas operaciones podrían emplearse para presionar, amenazar o intervenir en países hermanos como Venezuela o Colombia.
El artículo 80 de nuestra Constitución establece que la República Dominicana no participará, directa ni indirectamente, en acciones militares contra ningún Estado soberano.
No se necesita ser experto en geopolítica para entender que el verdadero objetivo no es combatir las drogas, sino posicionarse cerca de valiosos recursos naturales: petróleo, oro, hierro y tierras raras, altamente demandadas en la industria tecnológica. Estas tensiones ocurren en un momento en que las relaciones diplomáticas y comerciales entre Estados Unidos y esos países atraviesan serios deterioros.
Por nuestra ubicación estratégica, la República Dominicana es un punto militarmente atractivo para Estados Unidos. Figuras como el expresidente Juan Bosch o el Dr. José Francisco Peña Gómez habrían rechazado enérgicamente una medida tan contraria a los intereses nacionales.
Nuestro país no debe aplaudir ni facilitar invasiones ni derrocamientos de gobiernos hermanos. Ya sabemos lo que significa sufrir intervenciones: la de 1916, que duró hasta 1924 con la ocupación de nuestras aduanas para cobrar la deuda externa, y la de 1965, cuyo propósito fue aplastar el movimiento cívico-militar que buscaba restituir al presidente Juan Bosch, derrocado en 1963 con apoyo de sectores militares, empresariales, eclesiásticos y de la propia embajada estadounidense. Ese golpe produjo un retroceso de décadas del cual aún no nos recuperamos plenamente.
Podemos tener profundas diferencias con el gobierno de Nicolás Maduro —por su estilo autoritario, opresivo y arrogante—, pero solo los venezolanos tienen derecho a luchar por sus reivindicaciones políticas y sociales. Ninguna potencia tiene legitimidad para intervenir en países más débiles por intereses económicos o hegemónicos.
Estados Unidos ha apoyado en el pasado crueles dictaduras en la región para garantizar el control de recursos naturales, como ocurrió con Trujillo en la República Dominicana, los Somoza en Nicaragua, Fulgencio Batista en Cuba, Stroessner en Paraguay y Marcos Pérez Jiménez en Venezuela, entre otros.
La entrega “temporal” de nuestros aeropuertos será, en la práctica, definitiva. Nunca un gobierno dominicano había cedido instalaciones estratégicas de esta manera. Esta decisión es inconstitucional y contraria a nuestra historia republicana. Debió ser sometida al Senado, pues afecta la soberanía e independencia nacionales.
El artículo 3 de la Constitución consagra el principio de no intervención en asuntos internos de otros Estados, un mandato que hoy queda vulnerado.
Esta medida tendrá un alto costo político y diplomático para el país y para el presidente Luis Abinader, quien podría pasar a la historia como el mandatario que cedió y violó la Constitución ante presiones de una potencia extranjera, permitiendo operaciones militares contra naciones que acogieron a nuestros héroes en tiempos de persecución.
¡Qué pena! Esta acción, lamentablemente, parece ser parte del “cambio” que se nos prometió.
