A 181 años de su promulgación, la Carta Magna sigue siendo manipulada con fines políticos, lejos del ideal de estabilidad institucional.
Por Alfredo Cruz Polanco
El pasado 6 de noviembre se conmemoró el 181 aniversario de la promulgación de la primera Constitución de la República Dominicana, acontecida en la provincia de San Cristóbal el 6 de noviembre de 1844.
La Constitución constituye la ley fundamental que rige el sistema de gobierno del país y está compuesta por un conjunto de normas, principios y valores que orientan la vida institucional del Estado. También se le conoce como la Ley de leyes, Carta Sustantiva, Carta Magna o Ley Suprema.
A lo largo de la historia republicana, la Constitución ha sido modificada en 40 ocasiones por 15 gobiernos, lo que la convierte en una de las más reformadas de América Latina. En la mayoría de los casos, esas reformas han tenido como propósito principal permitir la reelección presidencial, reflejando así la fragilidad institucional del país.
La primera modificación se produjo el 29 de julio de 1854, bajo el mandato de Pedro Santana, quien obligó al Congreso Nacional a eliminar el artículo 210, que limitaba su poder político. Con ello, consolidó una dictadura que marcó los inicios del autoritarismo en la nación.
Entre las reformas más significativas se encuentra la Constitución de 1963, promulgada por el presidente Juan Bosch. Esta fue considerada la más moderna, progresista y democrática, por su énfasis en la justicia social, el respeto a los derechos humanos y las libertades públicas. Sin embargo, fue sustituida por la de 1966, promulgada por Joaquín Balaguer, que eliminó muchos de los avances alcanzados.
Tras la crisis política de 1994, se introdujeron cambios para establecer la doble vuelta electoral y la regla del 50% más uno de los votos para ganar en primera vuelta. En 2002, el presidente Hipólito Mejía impulsó una reforma que le permitió optar por la reelección. Luego, en 2010, Leonel Fernández promulgó una nueva Constitución que fortaleció el marco institucional. Posteriormente, fue modificada en 2016 por Danilo Medina y, más recientemente, en 2025 por el presidente Luis Abinader.
Esta última reforma incluyó una serie de llamados “candados constitucionales” orientados a: 1) garantizar la estabilidad del proceso presidencial y evitar futuras modificaciones con fines reeleccionistas; 2) consolidar la autonomía del Ministerio Público; 3) unificar las elecciones presidenciales, municipales y congresuales; y 4) regular la cantidad de representantes en la Cámara de Diputados. Sin embargo, dada la vulnerabilidad del sistema político dominicano, dichos candados podrían eliminarse con facilidad por cualquier futuro gobernante.
La Constitución no es un simple papel, como alguna vez expresó el doctor Joaquín Balaguer; es un documento sagrado que debe preservarse de intereses particulares y partidistas. Cualquier reforma futura debe realizarse de manera integral, con la participación de todos los sectores sociales, económicos y políticos, colocando siempre los intereses de la nación por encima de los personales.
Por el constante “festín” de reformas y por haber cambiado la fecha de su conmemoración, el Día de la Constitución pasa hoy casi inadvertido, sin el reconocimiento que merece. Ojalá que los futuros mandatarios elegidos por el voto popular comprendan el valor de nuestra Carta Magna y se abstengan de seguir modificándola a su conveniencia.
